La jueza de Nueva York Loretta Preska dará a conocer este lunes si acepta el pedido del Gobierno para suspender la sentencia que lo obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF. La medida responde a una apelación presentada la semana pasada, tras el fallo en contra por la expropiación de la petrolera.
El jueves por la mañana, el Gobierno nacional presentó el recurso ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. El especialista Sebastián Maril, quien sigue el caso, explicó que la intención es frenar una decisión que compromete a la principal empresa energética del país.
El Gobierno anticipó que podría ir a la Corte Suprema
En su presentación, la Argentina advirtió que, si no tiene respuesta favorable, llevará el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos. Argumenta que la sentencia de Preska viola el derecho federal, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios del derecho internacional.
El texto también cuestiona lo que define como un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”. El Gobierno sostiene que la jueza avanza sobre atribuciones que no le corresponden y que exceden a los tribunales estadounidenses.
Mencionan apoyo indirecto del Departamento de Justicia
Otro eje central del reclamo es la Declaración de Interés del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Para la defensa, ese gesto refleja un respaldo indirecto del gobierno de Donald Trump a la posición argentina.
Según el escrito, forzar la entrega de acciones afecta la soberanía energética del país. También remarcan que los fondos que presentaron la demanda no participaron de la expropiación original, sino que compraron los derechos del litigio con fines especulativos.
La jueza Loretta Preska está al frente del tribunal del Distrito Sur de Nueva York. En septiembre pasado, fue ella quien dictó el fallo que ordena al país pagar más de 16 mil millones de dólares por la expropiación de YPF en 2012.
La decisión que se conozca este lunes será clave. Si Preska rechaza la apelación, Argentina deberá avanzar con la entrega del 51% de las acciones de YPF, aunque el Gobierno de Javier Milei intentará frenar el proceso hasta agotar todas las instancias judiciales.
