La Justicia decidió archivar la causa que investigaba si el Servicio Penitenciario Federal (SPF) facilitó el ingreso de diputados de La Libertad Avanza (LLA) al penal de Ezeiza para visitar a represores condenados por crímenes de lesa humanidad. La resolución fue firmada por el juez Luis Armella, tras el dictamen del fiscal Sergio Mola, quien concluyó que no hubo delito en la actuación del organismo que depende del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.
El caso se inició tras la polémica visita del 11 de julio de 2024, cuando seis diputados de La Libertad Avanza, entre ellos Beltrán Benedit y Rocío Bonacci, ingresaron al Complejo Penitenciario VII para reunirse con condenados como Alfredo Astiz y Adolfo Donda. La reunión, que fue denunciada por el juez Daniel Obligado, generó una ola de repudios y terminó con la salida de la diputada Lourdes Arrieta del bloque oficialista.
Arrieta fue clave en el avance inicial de la causa porque aportó mensajes de WhatsApp y denunció que había sido manipulada para asistir, además de relatar que recibió presiones de sus compañeros y que Astiz sabía detalles personales sobre su familia. En los chats entregados a la justicia aparecían conexiones entre legisladores, abogados de represores y el cura Javier Olivera Ravasi, hijo del genocida Jorge Olivera, que actuaba como articulador de estos encuentros.
Pese a esos elementos, la investigación se centró exclusivamente en el papel del SPF. Según el dictamen de Mola, los agentes penitenciarios no cometieron irregularidades, ya que los legisladores «no realizaron una visita, sino una recorrida institucional para verificar condiciones de detención». Esa distinción técnica sirvió como justificación para eludir los controles exigidos en las visitas formales a detenidos.
El propio SPF argumentó que no era necesario aplicar medidas de seguridad adicionales ni registrar pertenencias o celulares porque se trataba de funcionarios públicos en el ejercicio de sus roles. «Debe prescindirse de diligencias innecesarias o solemnidades que obstaculicen su realización», señaló el organismo al juez, en un informe que fue clave para cerrar el expediente.
Los diputados que visitaron a los represores en la cárcel nunca entregaron ningún informe de inspección
Sin embargo, esa explicación choca con varios hechos. Por un lado, no existe ningún informe presentado por los diputados sobre el estado del penal. Por otro, los mensajes exhiben que el objetivo era cuestionar las causas judiciales contra los represores y empujar beneficios como la prisión domiciliaria. «Está claro que no era una inspección institucional. Era una maniobra política para legitimar a los genocidas», apuntó el abogado querellante Pablo Llonto.
Llonto fue tajante sobre el criterio adoptado por el fiscal: «Está diciendo que los integrantes del Poder Judicial y del Legislativo tienen coronita para entrar a las cárceles sin que los revisen. En cambio, al resto del pueblo, sobre todo a la gente pobre, que la revisen. Una joda total». Para las víctimas y organizaciones de derechos humanos, la decisión judicial no solo blinda a Bullrich, sino que marca un nuevo retroceso en la memoria y la justicia.
