La causa que durante más de un año puso bajo la lupa el millonario entramado de contrataciones de seguros por parte del Estado sumó su revelación más contundente: la Justicia comprobó que se pagaron coimas a funcionarios y exfuncionarios de Nación Seguros y de Casa Rosada. El juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria a nuevos implicados y afirmó en una resolución de más de 400 páginas que existió una «ingeniería» para canalizar sobornos mediante cooperativas, beneficiando a privados y operadores del poder.
En el centro de la escena aparece Mauro Tanos, exgerente general de Nación Seguros, nombrado durante la gestión de Javier Milei pero cesanteado en 2024, apenas estalló el escándalo. La Justicia lo acusa de haber recibido millonarias transferencias por contratos direccionados desde el Estado, disfrazadas de pagos a cooperativas por supuestos servicios. Con esos fondos, Tanos habría comprado propiedades, autos de alta gama y viajes al exterior, incluso plateas en el estadio de River Plate.
Entre las pruebas clave figura la actuación de una cooperativa llamada «7 de Mayo», que recibió casi 377 millones de pesos, de los cuales 239 millones provinieron de San Ignacio, una aseguradora beneficiada por la póliza de la ANSES. Según los investigadores, ese dinero no correspondía a servicios reales, sino a comisiones ilegales.
Los chats que hunden al entorno presidencial
Pero lo más explosivo del fallo de Casanello es la evidencia recuperada del celular de María Cantero, la secretaria histórica de Alberto Fernández desde los años ‘90. Allí aparecen fotos de fajos de billetes, mensajes con funcionarios y empresarios, y hasta conversaciones que dan cuenta del rol de Cantero como nexo clave entre el poder político y los negocios de su pareja, el broker de seguros Héctor Martínez Sosa.
Uno de los diálogos más comprometedores la muestra intercambiando mensajes con Daniel «El Gordo» Rodríguez, exjefe de la custodia de Fernández y luego intendente de la Quinta de Olivos:
—Cantero: «Gordo, si no hacemos guita con esto somos unos pelotudos».
—Rodríguez: «Esperemos no serlo».
Ambos hablaban de «nuestra Pyme», un eufemismo con el que se referían al armado de negocios que tenían con el control de los seguros. En otra conversación, Cantero le pedía que se acercara a políticos como Gustavo Melella y Roxana Bertone, ex y actual gobernador de Tierra del Fuego, provincia donde la empresa de Martínez Sosa había crecido gracias a contratos estatales.
Una red de poder y retornos
La resolución judicial sostiene que Cantero operaba como una gestora informal desde su puesto en Casa Rosada. Según Casanello, «podía forzar, a partir de un diálogo directo con el funcionario, la contratación de alguna de las empresas del rubro manejadas por su marido». O bien habilitar ese contacto. En cualquier caso, abría una puerta a la coima. En paralelo, se identificaron conversaciones que vinculan al empresario con empleados de distintas áreas del Gobierno, incluyendo Casa Militar y la Secretaría General.
Además, el magistrado señala que Fernández no desconocía esta operatoria, aunque por ahora solo lo procesó por negociaciones incompatibles con la función pública. Aun así, el fallo lo vincula con regalos, favores y gestiones informales realizadas por su entorno íntimo en beneficio de Martínez Sosa.
Funcionarios citados e impacto político
Fueron citados a indagatoria, entre otros, Ariel Palmieri (exfuncionario de la Secretaría General de la Presidencia) y Hugo Paz (de Casa Militar), ambos señalados como receptores de dinero en efectivo entregado por Cantero. Las pruebas surgen no solo de mensajes, sino también de fotografías halladas en el celular de la exsecretaria.
El caso golpea de lleno al peronismo. Fernández intentó salir al cruce con un mensaje en redes sociales donde denunció persecución política «por ser peronista». Sin embargo, los indicios en su contra se acumulan y lo dejan en una posición incómoda, incluso dentro de su propio espacio. La causa avanza con velocidad y ya involucra a más de 30 personas.
Mientras tanto, en Comodoro Py se da por probado que, en plena pandemia y con el Estado en emergencia, una red de funcionarios, asesores y amigos del poder montaron un negocio millonario a la sombra de la contratación de seguros. El epicentro: los despachos de Balcarce 50.
