En medio de versiones cruzadas sobre el rumbo de la Casa de Moneda, la diputada nacional de la oposición, Agustina Propato presentó un pedido de informes para que el Gobierno detalle la situación actual de la entidad. La legisladora expresó su preocupación por el reciente traspaso jurídico que la convirtió en una Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.), advirtiendo que este podría ser el primer paso hacia una posible privatización.
Fundada en 1875, la Casa de Moneda cumple funciones clave para el Estado: impresión de billetes, pasaportes, patentes y documentación electoral. “Nos preocupa profundamente que se esté avanzando con decisiones estructurales sin información pública ni debate parlamentario”, advirtió Propato.
Preocupación por el rol en las elecciones y la privatización
El pedido, presentado en la Cámara de Diputados, se organiza en once ejes que apuntan a esclarecer si el Gobierno de Javier Milei tiene intenciones de delegar funciones en empresas privadas. Propato exige saber qué documentos producía la entidad hasta diciembre de 2023, cuáles imprime actualmente y si hubo contratos rescindidos.
Uno de los puntos más sensibles es el rol de la Casa de Moneda en las elecciones de 2025. Según denunció la diputada, a menos de cuatro meses de los comicios aún no está claro si la empresa participará en la impresión de boletas y padrones. “La impresión electoral es un acto de soberanía que debe estar garantizado por el Estado”, sostuvo.
En ese marco, trascendió que el Ejecutivo podría avanzar con un proceso de licitación para delegar esas tareas. Las empresas Boldt y Artes Gráficas del Litoral, esta última ligada al Grupo Clarín, figuran entre las posibles adjudicatarias. El proyecto también cuestiona si los pliegos incluirán requisitos que favorezcan a firmas con experiencia previa.
Impacto en los trabajadores y el patrimonio estatal
Otro eje central del reclamo es el impacto del cambio de figura legal sobre los trabajadores de la Casa de Moneda. Al momento de ser intervenida, en noviembre de 2024, la entidad contaba con unos 1.300 empleados. Propato quiere saber si hubo despidos, suspensiones o licencias forzadas desde entonces.
Además, la diputada solicita información sobre la posible venta de bienes inmuebles pertenecientes a la empresa. “El vaciamiento de la Casa de Moneda no solo pone en riesgo fuentes de trabajo, sino también funciones esenciales que el Estado no puede dejar en manos privadas”, remarcó.
Hasta el momento, el oficialismo no brindó respuestas públicas sobre el futuro de la Casa de Moneda, ni aclaró si mantendrá sus funciones centrales de cara a las próximas elecciones. La falta de certezas mantiene la preocupación en el Congreso sobre el destino de una institución clave del Estado.
