En una movida sin precedentes, senadores opositores se «autoconvocaron» ayer para sesionar por la reforma previsional y de discapacidad sin esperar el llamado formal de la presidencia del cuerpo, ejercida por la vicepresidenta Victoria Villarruel. El oficialismo calificó la acción del Senado como inválida y anunció que llevará el caso a la justicia.
Según el Reglamento del Senado, una sesión debe ser convocada por la presidencia y formalizada por la Mesa, pero la autoconvocatoria, encabezada por la kirchnerista neuquina Silvia Sapag, es inédita en la historia de la Cámara. Esta maniobra podría abrir la puerta a que la vicepresidenta Villarruel pierda el manejo del Senado.
El artículo 19 del Reglamento habilita sesiones especiales «a petición de cinco o más senadores», siempre que la presidencia cite formalmente el encuentro. El secretario parlamentario, Agustín Giustinian, emitió una resolución declarando inválidos los dictámenes impulsados durante la reunión opositora.
El objetivo final del oficialismo: anular la sesión
El contenido de la sesión incluyó temas sensibles para el oficialismo, como el aumento de jubilaciones y la Ley de Emergencia en Discapacidad. El desbloqueo de proyectos apoyados por 23 provincias habría forzado una votación en el recinto, algo que el Ejecutivo busca controlar.
En respuesta, el oficialismo recordó que la vicepresidenta no puede ceder arbitrariamente su autoridad: «Nunca, hasta ahora, una senadora opositora se tomó la atribución de dar por iniciada una sesión», señalaron en alusión a Sapag. Ante esta situación, Villarruel mantiene la presidencia y solo delegó temporalmente poder en un presidente provisional.
La pulseada ahora se trasladará a los tribunales. Será el Poder Judicial el que defina si la iniciativa opositora fue válida o supuso un quiebre institucional en la dirección del Senado.
