La diputada nacional de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, protagoniza una nueva escalada judicial tras lograr la imputación del abogado libertario Alejandro Sarubbi Benítez, conocido por representar a Daniel “Gordo Dan” Parisini. La causa se disparó por una denuncia por amenazas e incitación a la violencia que involucra a redes sociales, capturas de pantalla, acusaciones cruzadas, recusaciones a fiscales y pedidos de sanción profesional.
El conflicto quedó formalizado esta semana cuando la fiscal porteña Celsa Ramírez imputó a Sarubbi Benítez por «haber intimidado públicamente» a la legisladora y por presuntamente instigar a sus seguidores a hostigarla. La presentación de Pagano señala que el abogado impulsó una campaña en su contra, llegando a agitar escraches e incluso amenazas hacia su hija recién nacida.
La denuncia de Pagano: amenazas y pedido de sanción profesional
La diputada no solo lo denunció penalmente, sino que también presentó una demanda ante el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, solicitando que se le retire la matrícula profesional. Allí incluyó capturas de publicaciones donde el abogado utilizó expresiones como «mogólico», «sidoso», «come trava» y «pedófilo», señalando que se trata de agravios con contenido discriminatorio, ofensivo y violento.
«Estas conductas exceden la libertad de expresión y configuran un uso temerario de la palabra pública», sostuvo Pagano en su presentación, enfatizando que ese comportamiento es incompatible con la ética profesional del ejercicio del derecho.
La respuesta del abogado: recusación y denuncia contra seis personas
Sarubbi Benítez respondió con una denuncia por asociación ilícita contra la propia Pagano, su pareja Franco Bindi, la fiscal Ramírez, el periodista Jorge Rial, el conductor de Realpolitik Santiago Sautel y la funcionaria porteña Valentina Etulain. En su escrito, los acusó de formar un entramado para amedrentarlo y filtrar información reservada sobre su hijo menor de edad.
Además, recusó a la fiscal Ramírez, alegando que desobedeció una orden judicial al no resguardar los datos personales de su hijo en el expediente. El abogado sostiene que la legisladora y su entorno publicaron ilegalmente información confidencial y que la causa penal fue manipulada con fines políticos.
Según su versión, la causa judicial reservada fue difundida incluso por personas ajenas al expediente, lo que —según afirmó— solo pudo haberse dado por una filtración dentro del Ministerio Público Fiscal.
Un conflicto que expone la interna libertaria
El caso revela no solo una batalla judicial, sino también una interna cada vez más visible dentro del espacio de Javier Milei. Del lado de Sarubbi Benítez aparecen figuras libertarias como Lilia Lemoine —quien lo acompañó a la audiencia— y el diputado Bertie Benegas Lynch, propuesto como testigo de su defensa.
Del otro lado, Pagano cuenta con el respaldo de su pareja Franco Bindi y con conexiones cercanas a sectores de medios y funcionarios de la Ciudad. El conflicto con Lemoine, de hecho, ya había tenido capítulos anteriores, pero ahora toma una dimensión penal y mediática.
En su escrito, el abogado denunció que Pagano «publica capturas de una causa reservada» a la que no debería tener acceso, mientras que Rial y Sautel habrían instigado la difusión de los datos personales de su hijo. «Esto configura una maniobra coordinada para perseguirme», concluyó en su presentación judicial.
