El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, avanzó con la derogación formal del Programa Acercar Derechos y el Registro de Organizaciones de Género. Según afirmó, «durante la gestión anterior se destinaron millones de dólares a estructuras ideológicas mientras aumentaban los delitos violentos».
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, oficializó la eliminación de dos programas que fueron emblemas del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Mediante la Resolución 466/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se dieron de baja el Programa Acercar Derechos (PAD) y el Registro de Organizaciones de Género, en el marco de una política de revisión de estructuras que no mostraban resultados concretos.
«Terminamos de eliminar dos estructuras ideológicas que solo sostuvieron militancia y cargos políticos», expresó el ministro Mariano Cúneo Libarona. Según detalló, estos dispositivos no mejoraron la seguridad ni redujeron los delitos, y funcionaban como herramientas de propaganda política financiadas con fondos públicos.
Auditoría y resultados: una estructura sin eficacia
La medida se tomó luego de una auditoría interna que reveló graves deficiencias. Según explicó el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, el Programa Acercar Derechos presentaba «debilidades sustantivas en los circuitos operativos, en el sistema de registro, en la supervisión de casos y en la autosuficiencia documental de las intervenciones».
Entre los datos aportados por el propio informe oficial, se destacó que un 38% de los casos no registraba acciones de abordaje ni seguimiento; el 75% no había sido actualizado en más de seis meses, y el 26% carecía de estrategia integral. «Compromete la trazabilidad, el control y la efectividad del acompañamiento», detalló Amerio.
A pesar de haber sido presentado como una herramienta para garantizar derechos a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia, el propio relevamiento elaborado en abril de 2023 por la gestión anterior revelaba inconsistencias en su aplicación: la mayoría de las acciones se limitaban a ofrecer contención o facilitar gestiones, sin intervención sustantiva ni impacto comprobable.
Fin de una estructura ideologizada
El Registro de Organizaciones de Género, creado en 2021 por la exministra Elizabeth Gómez Alcorta, tenía como objetivo relevar entidades vinculadas a la agenda de género y diversidad. Desde la actual gestión se cuestionó su utilidad, al considerar que funcionaba como plataforma de financiamiento para agrupaciones militantes sin mecanismos de control eficaces.
Al justificar la eliminación de estos programas, Cúneo Libarona subrayó el giro en la política estatal: «Nuestra política de seguridad considera que la violencia no tiene género y que la única forma de proteger a las víctimas es siendo implacables con los agresores. ¿El resultado? Bajamos los homicidios de mujeres un 14,3 %».
Desmantelamiento de una red de programas sin impacto
Las decisiones del Ministerio de Justicia forman parte de una línea de acción más amplia. En mayo, el Gobierno de Javier Milei suprimió más de una decena de programas que impulsados por el kirchnerismo bajo el paraguas del Ministerio de Mujeres. Entre ellos, MenstruAR, GenerAR, ArticulAR, Sembrar Igualdad, AcompañAR y Producir. Todos compartían una lógica similar: uso de fondos públicos con objetivos vagos, control difuso y fuerte impronta ideológica.
«Durante la gestión anterior se destinaron millones de dólares en estos programas ideológicos, mientras los delitos violentos aumentaban», remarcó el ministro, al defender la reorientación del gasto público hacia políticas que den resultados concretos y medibles.
