En medio de las turbulencias judiciales que enfrenta Argentina en el exterior, el jefe de Gabinete Guillermo Francos se refirió este lunes a la sentencia por la expropiación de YPF y advirtió sobre el impacto económico de los juicios internacionales en la debilitada situación fiscal del país. “El juicio por YPF es del año 2023 y condena al Estado argentino a pagar 16.100 millones de dólares”, detalló el funcionario en diálogo con Al Fin y Al Cabo, programa conducido por María Areces.
Francos calificó de “ridícula” la decisión de la jueza estadounidense Loretta Preska, quien ordenó que el Estado argentino entregue a los fondos litigantes el 51% de las acciones de YPF. “El Estado no le puede entregar esas acciones porque hay una ley que dice que solo se puede disponer de ese 51% con una ley del Congreso votada por dos tercios de ambas cámaras”, explicó.
Aunque el fallo fue apelado por la Argentina, el jefe de Gabinete aclaró que “los actores en el juicio tienen derecho a ejecutar la sentencia mientras no se resuelva”, lo que abre la puerta a posibles embargos u otros mecanismos legales contra los bienes del país.
En su análisis político, Francos cargó duramente contra las gestiones anteriores: “Todas las deudas que generó el populismo en Argentina las termina pagando el pueblo. Cuando uno comete todos los desastres que cometió el kirchnerismo, lo termina pagando la gente con inflación y deuda”.
Sobre el escenario económico actual, reconoció el punto de partida crítico con el que asumió el gobierno de Javier Milei: “Agarrar un país con 53% de pobres y una inflación del 26% en diciembre no fue magia. Solucionar eso no es fácil”, expresó. Pese al contexto, señaló que el clima social comienza a mostrar signos de alivio: “Hoy la primera preocupación de la gente ya no es la inflación”.
Finalmente, ratificó el rumbo económico del oficialismo: “Si seguimos bajando el gasto público y haciéndolo más eficiente, se van a poder bajar impuestos y hacer crecer la economía”. Con un juicio internacional en plena ejecución y la herencia fiscal al rojo vivo, el gobierno busca sostener su discurso de austeridad y reforma frente a una ciudadanía que aún espera resultados concretos.
