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POLÍTICA

Patricia Bullrich lanzó un protocolo para fiscalizar las redes sociales en delitos complejos

Con esta modificación, el Ministerio de Seguridad pretende adaptar las herramientas de investigación a la creciente actividad delictiva online.

Patricia Bullrich
Patricia Bullrich negó pactos con el kirchnerismo y acusó a diputados de Misiones de traicionar al oficialismo tras la caída de Ficha Limpia.

El Gobierno oficializó un nuevo protocolo que regula la actuación de agentes encubiertos digitales en causas judiciales de delitos complejos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó la Resolución 828/2025, publicada en el Boletín Oficial. La medida busca reforzar la persecución de delitos cometidos en las redes sociales, como pornografía infantil, narcotráfico y terrorismo.

El nuevo marco normativo amplía la Ley N° 27.319, que establecía pautas para la actuación presencial de agentes encubiertos e informantes. Ahora, se suman lineamientos específicos para intervenir en sitios web y redes sociales. De esa manera, el Ministerio de Seguridad pretende adaptar las herramientas de investigación a la creciente actividad delictiva online.

En ese sentido, el protocolo define la figura de “agente encubierto digital” y “agente revelador digital”, facultando a las fuerzas federales a infiltrar espacios virtuales con identidades ficticias. La actuación se limita a misiones judiciales autorizadas y está sujeta a estrictas medidas de control y confidencialidad.

Un Registro de Avatares y nuevas atribuciones

Una de las principales novedades es la creación de un “Registro de Avatares”. Este registro planifica la generación y el uso de perfiles falsos para apoyar investigaciones penales. El agente designado elige su identidad ficticia y presenta una nota de aceptación. Posteriormente, la Unidad Especial de Agentes Encubiertos registra la actuación bajo un código de seguridad único y resguarda la documentación.

De acuerdo con la normativa, el Renaper podrá cargar estos datos ficticios en sus bases y emitir documentación física o digital si la investigación lo requiere. El resguardo de la identidad falsa es obligatorio para todos los funcionarios involucrados. Revelar datos puede implicar sanciones y responsabilidades penales.

Para activar este mecanismo, primero se necesita una orden judicial. Luego, la Unidad Especial solicita a la fuerza de seguridad interviniente la propuesta de un agente capacitado. La Dirección Nacional de Normativa revisa la postulación. Si la rechaza, se pide una nueva propuesta. Una vez aceptada, el agente inicia su trabajo encubierto en el entorno digital.

El ciberpatrullaje como herramienta preventiva

En paralelo al nuevo protocolo, Bullrich ya había habilitado el ciberpatrullaje preventivo mediante la Resolución 428/2024. Bajo ese marco, las fuerzas federales realizan monitoreos en redes sociales para prevenir amenazas, estafas piramidales y operaciones financieras irregulares con criptoactivos.

El Estatuto de la Policía Federal, modificado por el Decreto 383/2025, incorporó de forma oficial estas tareas de vigilancia en “espacios públicos digitales”. La reforma habilita la intervención sin orden judicial en casos con “circunstancias objetivas” que presuman un delito. Si detectan un ilícito, pueden detener a una persona hasta diez horas, con la obligación de notificar a un juez y permitir al demorado comunicarse de inmediato con un familiar o persona de confianza.

Este punto generó fuertes críticas de sectores opositores, que denuncian una posible vulneración de derechos de intimidad, libertad de expresión y protección de datos personales. El debate se intensificó tras coincidir con las protestas en apoyo a Cristina Kirchner luego de la ratificación de su condena en la causa Vialidad.

Desde el oficialismo, defendieron la reforma como un paso para modernizar las fuerzas y equipararlas a “estándares internacionales como los del FBI”. Para complementar la medida, Bullrich dispuso la creación de un Consejo Académico Asesor ad honorem para la Unidad de Agentes Encubiertos. Este consejo, presidido por el juez federal Ricardo Basílico, elaborará pautas para capacitar agentes y optimizar las investigaciones judiciales.