A pesar de la sugerencia de Federico Sturzenegger, el presidente Javier Milei anticipó que vetará cualquier iniciativa que no provenga directamente del oficialismo, incluso aquellas que cuentan con amplio consenso político entre la oposición. Esta decisión impacta de lleno en dos proyectos clave impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño: la redistribución del régimen de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la modificación de la distribución del impuesto a los combustibles. Ambas propuestas ya fueron aprobadas en el Senado y esperan su tratamiento en la Cámara de Diputados.
Desde Casa Rosada confirmaron a Infobae que “no está en duda el veto”. Según una fuente de alto nivel del Ejecutivo, Milei considera estas medidas contrarias a su programa económico. La directiva es clara: no permitir ninguna ley que altere los pilares fiscales definidos por el Presidente y su equipo económico. En ese marco, el libertario Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, recibió instrucciones para demorar lo máximo posible el tratamiento parlamentario de los proyectos.
Sin embargo, los mandatarios provinciales podrían forzar el debate en el recinto si reúnen el número necesario de voluntades para tratar los proyectos sobre tablas. Según un informe técnico elaborado por los equipos de los gobernadores, el impacto fiscal de ambas propuestas representa solo el 0,11% del Producto Interno Bruto (PIB). Aun así, ese costo no comprometería la meta de superávit fiscal establecida por el Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para este año.
El proyecto que enfrenta al Gobierno con los gobernadores
La iniciativa de los gobernadores apunta a fortalecer la autonomía financiera de las provincias. En primer lugar, busca modificar el artículo 19 de la Ley 23.966, que regula el destino de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos. Actualmente, apenas el 10,40% de esa recaudación se reparte entre las provincias. El resto se distribuye entre diversos fondos fiduciarios y organismos nacionales.
Los mandatarios provinciales proponen elevar ese porcentaje al 58,36%. Para ello, plantean la disolución de varios fideicomisos nacionales —como los de Infraestructura Hídrica y Transporte— y la reasignación directa de los fondos a las 24 jurisdicciones. La intención es clara: reducir la discrecionalidad del Ejecutivo nacional en la asignación de recursos y establecer un mecanismo más transparente y automático.
En paralelo, el proyecto contempla una reforma del régimen de los ATN. Actualmente, estas partidas son administradas por el Ministerio del Interior y se otorgan según criterios discrecionales. La nueva propuesta mantendría los porcentajes históricos de reparto, pero incorporaría un nuevo mecanismo de distribución automática y diaria. También incluiría una compensación específica para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tierra del Fuego.
La postura del Gobierno y las tensiones internas
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sugirió públicamente que el Presidente no debería vetar el proyecto. Según su visión, avanzar en ese sentido permitiría al oficialismo abrir una discusión más profunda sobre el régimen de Coparticipación Federal. Sin embargo, desde la cúpula del Ejecutivo descartaron esa posibilidad en el corto plazo. “Lo de Federico fue una chicana. Coincidimos con la necesidad de reformar el sistema, pero no es el momento”, aclaró un estratega del Gobierno.
En redes sociales, el propio Milei dio señales de desaprobación a las iniciativas opositoras. Incluso reposteó mensajes que calificaban como “un error grave” la intención de los legisladores de tratar leyes vinculadas a la coparticipación sin consultar previamente al oficialismo. La reacción generó tensiones internas y rumores sobre posibles modificaciones estructurales en las relaciones fiscales entre Nación y provincias.
Por su parte, el Gobierno reiteró que no permitirá cambios que afecten su objetivo principal: alcanzar y mantener el superávit fiscal. “El superávit no se toca”, insistió una fuente cercana al Presidente. Bajo ese lineamiento, también se anticipa el veto a la ley sancionada por el Senado que contempla aumentos a jubilaciones, reincorporación de la moratoria y emergencia en discapacidad. “Sería inmoral no vetarla”, aseguraron desde Balcarce 50, argumentando que el gasto previsional tiene alto impacto fiscal y que actualmente “hay más niños pobres que jubilados pobres”.
LOS GOBERNADORES, SIN DARSE CUENTA, COMETIERON UN GRAVE ERROR AL APROBAR LA LEY DE ATN, PERMITIÉNDOLE AHORA A MILEI MODIFICAR LA COPARTICIPACIÓN CON UNA SIMPLE LEY ?
— ELDUCK (@elduckpost) July 14, 2025
Sturzenegger le pidió a Milei que no vete la ley y advirtió que Mayans cometió el peor error de su carrera ? pic.twitter.com/bfYZwF0J5n
