El reciente revés en el Senado dejó al Gobierno de Javier Milei en una posición incómoda. Las leyes que aumentan las jubilaciones, extienden la moratoria previsional y declaran la emergencia en discapacidad ya fueron sancionadas. Además, se suman dos proyectos clave para los gobernadores: el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la redistribución del impuesto a los combustibles líquidos. Frente a este escenario, Milei adelantó que vetará estas iniciativas y, de ser necesario, recurrirá a la Justicia.
Sin embargo, especialistas en Derecho Constitucional coinciden en que el camino judicial no es una vía viable si el Congreso logra insistir con los proyectos y reunir los dos tercios necesarios. En ese sentido, la Constitución establece que, en caso de insistencia parlamentaria, el veto presidencial pierde efecto y la ley se promulga automáticamente.
Durante un acto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Milei reiteró su amenaza de llevar las normas a la Justicia si el Congreso derriba su veto. Bajo ese marco, justificó su postura asegurando que el superávit fiscal “es permanente” y que cualquier iniciativa que lo afecte sería motivo para accionar judicialmente.
Qué dicen los constitucionalistas
Frente a las declaraciones del Presidente, varios expertos explicaron por qué la amenaza judicial carece de fundamentos sólidos. Andrés Gil Domínguez, reconocido abogado constitucionalista, fue contundente: “La insinuación de Milei como titular del Poder Ejecutivo de llevar a la justicia una ley sancionada por el Congreso no tiene ninguna clase de fundamento constitucional”. Para el especialista, esta medida desconocería el funcionamiento básico del sistema republicano de gobierno.
De esa manera, Gil Domínguez sostuvo que sería “absurdo” plantear una demanda del Estado Nacional contra sí mismo. Explicó que en una hipotética causa de este tipo, la Procuración del Tesoro de la Nación sería la encargada de representar al Estado en ambas partes, lo que vuelve inviable la disputa. “Sería una causa sin sustento real”, añadió.
En la misma línea se manifestó Diego Armesto, también abogado constitucionalista. De esa manera, en diálogo con TN, Armesto afirmó que “es imposible judicializar” un proceso de formación y sanción de una ley que se ajusta a los parámetros de la Constitución. En ese sentido, recordó que el veto presidencial es una herramienta válida, pero si el Congreso insiste y logra los dos tercios, la norma se convierte en ley y debe cumplirse.
El antecedente de la Corte Suprema
Otro punto clave que remarcan los juristas es el antecedente de la Corte Suprema durante la pandemia. En aquel momento, Cristina Kirchner, entonces vicepresidenta, solicitó al máximo tribunal que avalara la posibilidad de realizar sesiones virtuales en el Congreso sin modificar el reglamento. La Corte rechazó la presentación de forma unánime argumentando que no existía un “caso contencioso” y, por lo tanto, no correspondía su intervención.
Mariano Bar, abogado especialista en Derechos Humanos, destacó que aunque cualquier ciudadano —o funcionario— puede presentar una demanda, eso no garantiza que prospere. Según Bar, la Corte podría desestimar un reclamo del Ejecutivo por tratarse de una cuestión política no justiciable. “La Justicia a Milei le va a decir que esto no es una cuestión que puedan resolver ellos. No dictan leyes ni deciden su contenido, eso es función del Congreso”, aseguró.
De esa manera, Milei podría recurrir a una “acción declarativa” para intentar obtener una interpretación judicial sobre la aplicación de la ley. Sin embargo, los expertos coinciden en que tampoco corresponde porque la Corte solo interviene en casos concretos y no actúa como órgano consultivo.
Por ahora, el Gobierno apuesta a sostener los vetos con respaldo de sus legisladores y aliados. Si los bloques opositores insisten y alcanzan los dos tercios en ambas cámaras, el camino judicial se vuelve una amenaza simbólica más que una herramienta real.
Hermano, escuchen como Milei explica que PASE LO QUE PASE va a cuidar el equilibrio fiscal del pueblo Argentino. Realmente tenemos de presidente a un PROCER.
— Pedro María Lantaron (@elpittttt) July 10, 2025
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