Luego de la denuncia de fraude masivo en el Examen Único para residencias médicas, el Ministerio de Salud de la Nación resolvió aplicar un nuevo criterio de evaluación para los postulantes con puntajes elevados. La decisión, tomada de manera unilateral según Ciudad y Provincia, desató un fuerte cruce político entre las jurisdicciones, en medio de un escándalo que ya alteró el calendario previsto para el inicio de las residencias.
En lugar de convocar a los 268 aspirantes que habían obtenido más de 86 puntos para rendir de nuevo, como se había anunciado inicialmente, la cartera que conduce Mario Lugones decidió aplicar una nueva evaluación a unos 100 casos, incorporando tres criterios: el puntaje del examen, el promedio académico y el prestigio internacional de la universidad en la que se cursaron los estudios. El giro, comunicado el miércoles por la noche, fue explicado como una medida urgente ante la falta de consenso con Ciudad y Provincia.
La filtración de un video grabado con anteojos con cámara, donde un aspirante —presuntamente ecuatoriano— filmó las 100 preguntas del examen para compartirlas por Telegram, aceleró las definiciones. Según Salud, el mecanismo consistía en grabar, enviar las imágenes desde el baño y recibir las respuestas en el celular. El episodio, que ya es investigado, reveló graves fallas en los controles y elevó las sospechas sobre al menos una veintena de postulantes.
El nuevo comité de Nación y la interna con Quirós y Kreplak
Tras las primeras acusaciones cruzadas, el Ministerio de Salud nacional desplazó el comité conjunto que había creado junto con Ciudad y Provincia y lo reemplazó por uno propio, integrado solo por expertos de Nación. En ese marco, se incorporó el criterio del “prestigio universitario”, medido según estándares de la World Federation for Medical Education, como una herramienta adicional para discriminar los casos con posibles irregularidades.
Desde el gobierno porteño, a cargo de Fernán Quirós, evitaron confrontar abiertamente pero remarcaron que “se reajustarán los mecanismos de control”. En el entorno del ministro bonaerense Nicolás Kreplak, en cambio, la crítica fue más dura: calificaron la decisión nacional de “unilateral”, denunciaron “desprolijidad” y apuntaron contra “la falta de responsabilidad” de la gestión de Javier Milei.
El fantasma de la xenofobia y el trasfondo político
Uno de los aspectos más controversiales de la medida adoptada por Nación es que la mayoría de los postulantes que deberán volver a rendir son extranjeros, en particular de nacionalidad ecuatoriana. Desde Ciudad y Provincia alertaron que el criterio del “prestigio universitario” podría interpretarse como una forma de discriminación encubierta. “Es la tercera vez que cambian los parámetros, y siempre nos enteramos por los medios. Tienen que asumir su responsabilidad”, indicaron fuentes bonaerenses.
Desde Nación rechazaron esa acusación y aseguraron que la nueva evaluación busca “resguardar la transparencia del sistema” sin poner en riesgo la fecha de inicio de las residencias, fijada para el 1 de septiembre.
Un conflicto que crece y aún no encuentra resolución
Con los cambios dispuestos, los aspirantes serán divididos en dos grupos: quienes presenten coherencia entre sus promedios universitarios y el resultado del examen rendirán una prueba oral. Los demás deberán volver a presentarse a un examen escrito el 7 de agosto. El nuevo proceso se gestionará exclusivamente por Nación, que justificó su decisión en la urgencia de garantizar transparencia y evitar una nueva filtración.
Sin embargo, desde Ciudad aseguran que el “viraje sin explicación” responde más a “una jugada política” de la Casa Rosada para levantar el perfil de la gestión en un año electoral. “Lo técnico ya estaba resuelto, pero se modificó sin razones claras”, sostuvieron.
