Una fuerte controversia pública se desató este fin de semana en la plataforma X (ex Twitter) tras un explosivo cruce entre el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y Facundo Lanza, funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense, a raíz de la situación de los pacientes oncológicos sin cobertura médica.
Todo comenzó cuando Lanza, sin eufemismos, lanzó una dura advertencia que encendió la mecha: “Traten de no contraer ningún tipo de enfermedad oncológica, en este momento los tres Poderes del Estado están dejando morir a los pacientes”. Acompañó su publicación con una aclaración: se hacía cargo de sus palabras y alentó a consultar los expedientes judiciales de los amparos que representa.
La publicación generó un fuerte revuelo en redes sociales y dentro del arco político, aludiendo a un presunto abandono estatal en la cobertura de tratamientos de alta complejidad como los oncológicos.
La respuesta de Nación: cifras, protocolos y pases de factura
El ministro Lugones no tardó en contestar con un tono tan tajante como su interlocutor. “Con razón en la Provincia reina la inseguridad, si sus funcionarios del Ministerio de Seguridad están haciendo política con denuncias falsas”, disparó. Y fue más allá: publicó cifras oficiales sobre la inversión nacional en medicamentos para pacientes oncológicos.
Según los datos que brindó, “en 2024 se destinaron casi $115 mil millones a tratamientos oncológicos para personas sin cobertura, a través de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC) y el Banco de Drogas Especiales. En lo que va de 2025, ya se llevan invertidos más de $70 mil millones, y se proyectan nuevos pedidos por $85 mil millones más”.
Lugones también aprovechó para recordar la responsabilidad de las provincias en este tipo de asistencia. “Siempre y en todos los casos, el Gobierno nacional interviene cuando las provincias rechazan por escrito la cobertura de un tratamiento. Así funciona el protocolo”, explicó.
Responsabilidades cruzadas y pacientes en el medio
Más allá del cruce personal, la discusión dejó en evidencia un problema estructural: la tensión entre jurisdicciones y la descoordinación en la cobertura médica de alta complejidad. El protocolo que describió Lugones indica que los pedidos de tratamiento deben gestionarse primero desde los Ministerios de Salud provinciales. Sólo cuando estos los rechazan formalmente, la Nación toma el caso.
Este mecanismo, que en teoría debería garantizar el acceso a la salud para todos, parece estar colapsando en la práctica, como lo demuestra la cantidad de amparos judiciales iniciados por pacientes desesperados por acceder a medicamentos oncológicos.
Mientras tanto, organizaciones sociales y agrupaciones de pacientes volvieron a reclamar un sistema más eficiente, menos burocrático y libre de disputas partidarias, donde la urgencia sanitaria no quede atrapada entre peleas políticas.
Con razón en la Provincia reina la inseguridad, si sus funcionarios del Ministerio de Seguridad están haciendo política con denuncias falsas.
— Mario Lugones (@Mariolugones_ar) July 14, 2025
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