El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines presentó un recurso de amparo para frenar el cierre de Vialidad Nacional, tras la publicación del decreto presidencial en el Boletín Oficial. Según la presentación judicial, la medida impulsada por el gobierno de Javier Milei es inconstitucional, ilegal y arbitraria. El caso quedó a cargo de la jueza Marta Rey, del Juzgado Nacional del Trabajo N°23.
El gremio denunció una amenaza a los derechos laborales
Los abogados que patrocinan la presentación, Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia, advirtieron que el decreto busca «concluir la aniquilación de los organismos estatales», afectando directamente la estabilidad laboral de quienes trabajan en áreas como seguridad vial, ciencia aplicada y salud pública.
En el escrito se alertó que la medida “genera una amenaza concreta por la pérdida de las fuentes de trabajo”, las cuales están protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, además de tratados internacionales de derechos humanos y convenios de la OIT. El sindicato exigió que la Justicia declare la inconstitucionalidad del decreto 461/25.
Adorni defendió la medida y apuntó a la corrupción
La presentación judicial se conoció poco después del anuncio que hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni. En una conferencia de prensa desde Casa Rosada, sostuvo que “este organismo se inventó para simplificar la corrupción”, y justificó el cierre de Vialidad Nacional con un discurso centrado en la eficiencia del gasto público.
Adorni adelantó además que el Gobierno de Javier Milei abrirá la licitación de 9.120 kilómetros de rutas nacionales, que pasarán a manos privadas. “Durante décadas hubo despilfarro y corrupción. Esto se degradó como nunca antes en la historia”, afirmó el funcionario.
La Cámara de la Construcción también cuestionó el cierre
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, también expresó su rechazo a la medida. Dijo que se “entró en un nuevo mundo desconocido” y sostuvo que no hay claridad sobre cómo se implementará la decisión oficial ni qué ocurrirá con el futuro del organismo.
Weiss advirtió que en todos los países existe un ente vial estatal y señaló que, en Argentina, todo está “concentrado”. Según datos de la propia cámara, el mantenimiento del sistema vial nacional y provincial tiene un costo anual de u$s4.213 millones, pero recuperar la infraestructura dañada implicaría un desembolso de hasta u$s40.773 millones.
Desde el gremio y el sector empresario coinciden en que el cierre de Vialidad Nacional genera más dudas que certezas. La Justicia deberá definir ahora si el decreto firmado por el presidente es compatible con la Constitución y los compromisos internacionales asumidos por el país.
