El Gobierno nacional mantiene un férreo control comunicacional tras la denuncia de una grave filtración de información sensible en la causa judicial por la estatización de YPF. La Procuración del Tesoro, encabezada por Santiago Castro Videla, inició una investigación interna y concretó una purga que alcanzó a 60 funcionarios, en paralelo a una reforma de su estructura operativa.
Los cambios se oficializaron este jueves a través de un decreto simple publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La medida incluye la reestructuración de direcciones clave y apunta a reforzar los mecanismos de control ante sospechas de venta de información a litigantes que enfrentan al Estado argentino en tribunales internacionales.
Las sospechas sobre la filtración en la causa YPF
El escándalo habría comenzado con la detección de movimientos irregulares en la Procuración vinculados a la causa YPF, un litigio multimillonario que el Estado enfrenta en Nueva York. La hipótesis más grave sugiere que personal interno habría vendido información clave a representantes del fondo Burford, el principal demandante en el juicio.
Una fuente inobjetable del Ejecutivo afirmó que “el Procurador Castro Videla está haciendo una purga” porque se trata de un organismo “que maneja causas que cuestan muchos millones de dólares”. En ese marco, se comunicó informalmente que se desvincularía a 60 empleados y que se realizarían cambios inmediatos en el organigrama.
Los tres cambios centrales en la estructura
Entre las modificaciones más relevantes que dispone el decreto se destacan:
- Fusión de áreas de control: la Dirección Nacional de Auditoría y la Dirección de Sumarios e Investigaciones Administrativas fueron unificadas en una sola: la Dirección Nacional de Sumarios, Investigaciones Administrativas y Auditoría.
- Redefinición de áreas técnicas: la Coordinación de Recursos Humanos pasó a denominarse Coordinación de Desarrollo Humano. Por su parte, la Coordinación de Gestión Informática se convirtió en Coordinación de Tecnología y Soporte.
- Rebaja jerárquica de formación interna: la Dirección Nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado se disolvió y reemplazó por una nueva Coordinación llamada Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP), dos niveles por debajo en la estructura jerárquica.
Una purga que anticipa una nueva etapa
Si bien estos cambios fueron oficializados tras la denuncia de filtración, en la Casa Rosada aseguran que venían gestándose desde la llegada de Castro Videla, en línea con la política de reducción del Estado que impulsa el presidente Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. “La salida de Rodolfo Barra marcó un antes y un después”, señalaron fuentes del entorno presidencial.
El último informe de dotación del INDEC indica que, hasta junio, la Procuración contaba con 242 empleados. Tras la purga, quedarían unos 180, lo que representa una reducción del 25%. La mayoría de los cesanteados tenía designaciones provisorias que debían renovarse cada 180 días.
Auditorías y silencio oficial
El Gobierno mantiene un fuerte hermetismo sobre los detalles del caso. No se ha precisado qué información fue filtrada, cómo se produjo ni quiénes serían los beneficiarios directos. Sin embargo, se confirmó que hay una investigación interna en curso y que podría complementarse con auditorías externas.
Una de las áreas competentes para intervenir es la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, especializada en casos de corrupción y anomalías dentro de la administración pública. La PTN, además, cuenta con sus propios mecanismos de control, que ahora se modificaron.
Políticas de seguridad bajo revisión
En diciembre pasado, la Procuración había presentado sus Políticas de Seguridad de la Información (PSI), un marco normativo orientado a proteger la integridad de los datos del organismo. La filtración expone ahora su fragilidad y pone bajo la lupa la gestión anterior, aunque oficialmente no se han señalado responsabilidades concretas.
Tampoco se confirmó si los responsables de las áreas intervenidas continuarán en sus cargos. Se consultó a la Procuración, pero la respuesta fue tajante: “No se brindará información hasta la publicación de nuevas designaciones en el Boletín Oficial”.
