El fiscal general ante la Cámara de Casación Penal, Mario Villar, pidió formalmente que se modifique el lugar donde Cristina Kirchner cumple su prisión domiciliaria, en el marco de la condena por la causa Vialidad. En diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el funcionario judicial explicó que el pedido se basa en dos factores claves: la alteración del orden público en el barrio de Constitución y los riesgos para la seguridad personal de la expresidenta.
“No es un lugar adecuado por la zona del macrocentro. Hay una gran cantidad de disturbios, aumentaron los delitos y los vecinos no tienen por qué convivir con eso”, afirmó Villar al referirse al edificio ubicado en San José 1111, donde reside la exmandataria.
El fiscal sostuvo que las manifestaciones frecuentes frente al domicilio generan complicaciones constantes para los habitantes de la zona, y advirtió que el impacto en la convivencia barrial se agrava en cada aparición pública o fecha simbólica vinculada al kirchnerismo.
“Hay momentos en los que hubo más de 100 policías custodiando la zona y grupos de manifestantes constantes. Eso no es lo que la ley entiende como un contexto adecuado para un arresto domiciliario”, explicó.
Una zona sin garantías de seguridad
Además de señalar las complicaciones para los vecinos, Villar alertó sobre el peligro que corre la propia Cristina Kirchner al permanecer en ese lugar.
“Ella tiene derecho a salir al balcón, pero eso multiplica el riesgo de un atentado, como el que ya ocurrió en ese mismo contexto. La custodia actual es la misma que falló aquella vez, rodeada de militantes y en medio de un tumulto. Eso no puede volver a pasar”.
Según el fiscal, un nuevo ataque sería factible bajo las actuales condiciones de exposición, y responsabilizó al contexto urbano del microcentro porteño como un factor agravante.
¿Qué pasaría si la Justicia acepta el pedido?
En caso de que la Justicia convalide el planteo del fiscal, será Cristina Kirchner quien deberá proponer nuevos domicilios alternativos, y será el juez de Ejecución Penal quien determine cuál es el más adecuado para garantizar su seguridad y el cumplimiento de la condena.
“La sociedad no tiene por qué soportar esta situación. Las manifestaciones están permitidas, pero no cuando implican delitos, ruidos molestos o afectan servicios esenciales”, remarcó Villar.
La solicitud del fiscal se da en un momento de alta tensión judicial y política, donde las discusiones en torno al futuro penal de la expresidenta siguen generando divisiones. La decisión final quedará en manos de la Justicia, que deberá evaluar el equilibrio entre la protección de derechos individuales, el orden público y la seguridad.
