La disputa judicial internacional por la expropiación de YPF volvió a encender el escenario político y económico tras el fallo de la jueza Loretta Preska, que ordenó la entrega del 51% del paquete accionario de la compañía a los fondos demandantes. En ese contexto, el presidente de la petrolera, Horacio Marín, se pronunció por primera vez y dejó una frase que generó sorpresa: “La jueza falló a favor de YPF y en contra de la República”.
Durante su aparición en el streaming de Neura, Marín evitó profundizar sobre el fallo pero aclaró que, desde su posición como CEO, no puede intervenir políticamente: “Yo soy ejecutivo, empleado de YPF, y Burford hizo un juicio a YPF y al Estado Nacional. La jueza falló a favor de YPF. No puedo opinar”.
Marín se enfocó en inversiones y buscó despegar a la empresa
Más allá de la causa judicial que sacude al país, Marín confirmó que esta semana esperan cerrar una inversión privada clave para el desarrollo del Oleoducto Vaca Muerta Sur. “Estamos haciendo la obra más grande que se haya hecho en Argentina, de US$3.000 millones. Lo vamos a hacer y va a haber financiamiento”, aseguró el titular de la empresa estatal.
Sus declaraciones apuntaron a reforzar la idea de que YPF no está paralizada ni directamente comprometida con el fallo judicial, al menos en lo operativo. Sin embargo, el impacto reputacional y jurídico recae directamente sobre el Estado Nacional, que ahora enfrenta una embestida múltiple en la justicia de Estados Unidos.
Milei responsabilizó al kirchnerismo y confirmó la apelación
La reacción del Gobierno nacional no se hizo esperar. El presidente Javier Milei cargó duramente contra la gestión de Axel Kicillof, a quien responsabilizó directamente por la situación. “Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales”, afirmó a través de su cuenta de X.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló que la Casa Rosada ya solicitó la suspensión del fallo y que trabajan en la apelación ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Calificó la sentencia como “jurídicamente inaplicable”, al contradecir la Ley 26.741 —que exige autorización del Congreso para la transferencia de acciones— y al desconocer la inmunidad soberana del Estado.
Según explicó Adorni, las acciones no están en manos del Estado y no son legalmente transferibles, por lo que el fallo carece de efecto práctico hasta que haya una decisión firme en segunda instancia.
Se suman nuevos fondos al litigio por acciones de YPF
Como si el fallo de Preska no fuera suficiente, el conflicto judicial sumó este viernes nuevos actores. Varios fondos de inversión que tienen sentencias firmes por deuda impaga de la Argentina ahora reclaman parte del 51% de las acciones de YPF, las mismas que Preska adjudicó a los demandantes por la expropiación.
Según un informe de Latam Advisors, los fondos Attestor, Trinity, Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee son los nuevos peticionantes. Aunque no participaron del juicio original por la estatización, buscan cobrar mediante la ejecución de fallos relacionados con bonos en default tras la crisis de 2001.
La mayoría de ellos están representados por Dennis Hranitzky, el mismo abogado que protagonizó la recordada confiscación de la Fragata Libertad en Ghana, en 2012, cuando actuaba para NML — Elliott Management, el fondo buitre que enfrentó al país durante más de una década.
El desastre kirchnerista sigue costándole caro al país
El Gobierno de Javier Milei intenta, en medio de la tormenta judicial, reordenar las cuentas y limpiar las consecuencias de una decisión inconsulta, mal ejecutada y sin previsión legal como fue la expropiación de YPF durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. El exministro Axel Kicillof aparece como el principal responsable de una maniobra que hoy expone a la Argentina a perder activos estratégicos por más de US$16.000 millones.
Mientras la Justicia estadounidense define los próximos pasos del litigio, la Casa Rosada promete apelar “hasta la última instancia” y reafirma su voluntad de defender el patrimonio nacional. Lo que no puede evitar es que el costo de una década de irresponsabilidad política siga siendo pagado por todos los argentinos.
