Argentina presentó este martes ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito un escrito en el que apoya una investigación sobre irregularidades en el traspaso de acciones de YPF, marcando un giro significativo en su postura respecto a las sospechas de corrupción que rodean el ingreso de la familia Eskenazi a la petrolera estatal. La República presentó su respuesta a la apelación interpuesta por la organización Republican Action for Argentina (RA4ARG) que solicita esa investigación.
El documento presentado por el Estado argentino ante la justicia estadounidense representa un cambio notable en la estrategia legal del país, especialmente considerando que anteriormente había mantenido una posición más reservada respecto a estas investigaciones. La decisión de apoyar activamente una pesquisa sobre las irregularidades en YPF demuestra la voluntad del actual gobierno de distanciarse de las prácticas cuestionadas durante administraciones anteriores.
Según fuentes oficiales consultadas por NA, en el escrito presentado se plantearon dos puntos principales que estructuran la posición argentina ante la corte estadounidense. Estos ejes centrales buscan tanto ordenar el procedimiento judicial como expresar la postura del país respecto a las denuncias de corrupción que involucran a YPF y a figuras políticas del pasado gobierno.
En primer lugar, respecto al trámite de las apelaciones, la República Argentina solicitó que la apelación de RA4ARG se tramite por separado de la apelación principal interpuesta por la República Argentina contra la sentencia condenatoria dictada en septiembre de 2023. Esta separación procesal se fundamenta en que la apelación de RA4ARG en este incidente y la de la República Argentina sobre el fondo del caso plantean cuestiones diferentes que deben ser tratadas por separado para garantizar un tratamiento adecuado de cada una de las problemáticas involucradas.
Esta solicitud de tramitación separada responde a una estrategia legal que busca evitar que se confundan las distintas aristas del complejo caso YPF. Mientras que la apelación principal se centra en aspectos más amplios de la controversia, la intervención de RA4ARG se focaliza específicamente en las irregularidades del traspaso accionario, lo que requiere un análisis jurídico diferenciado.
Postura sobre las sospechas de corrupción
El segundo punto central del escrito argentino aborda directamente las sospechas de corrupción que rodean el caso. La República Argentina expresó que «toma con seriedad todas las denuncias de corrupción, incluyendo las referidas a las sospechas de corrupción sobre cómo ingresaron los Eskenazi a YPF». Esta declaración marca un contraste notable con posiciones anteriores y demuestra una actitud proactiva del Estado argentino frente a las irregularidades denunciadas.
El documento hace referencia explícita a que «la relación entre la familia Kirchner y los Eskenazi ha sido ventilada en diversas causas judiciales, como en la causa Vialidad en la que fue condenada Cristina Kirchner». Esta mención directa a la condena de la expresidenta en el marco de la causa Vialidad establece un vínculo claro entre las irregularidades investigadas en ese proceso y las sospechas que ahora se plantean respecto al manejo de YPF.
La posición argentina va más allá del simple reconocimiento de las denuncias, ya que el país reiteró «que se encuentra abierta a colaborar con una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre dicha cuestión». Esta colaboración con las autoridades estadounidenses representa un cambio significativo en la política exterior judicial del país, que históricamente había mostrado reticencias a este tipo de cooperación en casos sensibles.
Evaluación de acciones legales futuras
El escrito presentado por Argentina incluye además una advertencia sobre posibles acciones legales futuras en caso de confirmarse irregularidades. El documento establece que «si se confirma que los Eskenazi ocultaron pruebas o brindaron testimonio falso en la causa, la República evaluará iniciar acciones para anular la sentencia«. Esta declaración abre la puerta a una eventual revisión judicial de decisiones previas si se comprueban las irregularidades denunciadas.
