En el marco del juicio por YPF que se tramita en Nueva York, Argentina presentó dos nuevas mociones judiciales para evitar el acceso a dispositivos personales de funcionarios y reducir el alcance del proceso de discovery. La defensa oficial pidió que se reconsidere una orden reciente de la jueza Loretta Preska. Según el planteo, el país no tiene control legal sobre celulares privados.
Argentina defendió la inviolabilidad de los dispositivos
El Gobierno sostuvo que la medida que obliga a entregar mensajes de WhatsApp, Signal y correos electrónicos viola principios básicos del derecho estadounidense. Afirmó que solo pueden incluirse en el descubrimiento de pruebas los documentos que estén bajo posesión o control directo. “El gobierno no tiene capacidad legal para acceder a esos dispositivos”, señala la presentación.
La moción incluye el pedido de una audiencia para exponer los argumentos. El objetivo es proteger la privacidad de exfuncionarios y evitar que se siente un precedente peligroso. Según el escrito, los bienes personales no pueden ser inspeccionados si el Estado no tiene control sobre ellos.
Preocupación por el alcance del discovery
La segunda presentación apuntó contra otra parte de la orden. Se trata del punto que impide a Argentina rechazar futuros pedidos de discovery, incluso después de que haya una sentencia firme. El Gobierno alertó que eso podría habilitar investigaciones sobre bienes que no se puedan embargar.
Los abogados remarcaron que la decisión contradice un fallo clave. En el caso NML Capital, la Corte Suprema de EE. UU. dejó en claro que solo deben investigarse bienes ejecutables. Permitir un acceso sin límites abriría la puerta a abusos, señalaron.
Por eso, se solicitó una aclaración urgente. También se pidió que se revise toda la orden si no se introducen cambios. Las mociones apuntan a reducir el impacto del fallo que, en 2023, condenó a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares por la expropiación de la petrolera.
La jueza Preska también ordenó entregar el 51% de las acciones de YPF como parte del pago. Esa decisión generó un fuerte rechazo del Gobierno de Javier Milei. Con estas nuevas presentaciones, Argentina busca proteger su soberanía digital y patrimonial, evitar filtraciones de datos sensibles y ordenar el proceso según los límites legales.
