La crisis abierta en la Policía Bonaerense por la cesantía masiva de oficiales pasó en pocos días de ser una denuncia de conspiración contra el gobierno de Axel Kicillof a una investigación penal por presunto espionaje ilegal. La fiscalía de La Plata, a cargo de Álvaro Garganta, analiza si los 25 policías desplazados fueron víctimas de maniobras ilícitas de acceso a datos reservados.
El caso tuvo un alto voltaje político desde el inicio. El Ministerio de Seguridad bonaerense, conducido por Javier Alonso, acusó al comisario mayor Manuel Ignacio Ortiz Valenzuela —ex jefe de la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas— y a otros 23 agentes de haber participado en un plan de desestabilización institucional en connivencia con el excomisario y actual candidato libertario Maximiliano Bondarenko, aliado político del PRO en el sur del conurbano.
Kicillof habló de “complot” y “conspiración”, mientras que desde la oposición, la ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich respaldó a Bondarenko y presentó una denuncia por “persecución ilegal” y “espionaje” contra el gobierno provincial. El caso, que estalló tras el cierre de listas para las elecciones del 7 de septiembre, se metió de lleno en la campaña.
Del complot al espionaje
El giro se produjo cuando la fiscalía detectó que la “denuncia anónima” que dio origen al sumario disciplinario incluía información patrimonial, judicial y personal de Ortiz Valenzuela obtenida de forma sospechosa. Entre los registros vulnerados figuran bases de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), la Mesa de Entrada Virtual de los Tribunales Civiles y Comerciales, y mapas satelitales de Google Earth. También se investiga la difusión de supuestas conversaciones telefónicas.
Fuentes judiciales explicaron que la hipótesis es que Ortiz Valenzuela fue investigado durante casi una década sin orden judicial. El propio comisario declaró que el anónimo incluso mencionaba su supuesta presencia en un acto de campaña de Sergio Massa en 2015, algo que niega haber hecho. “Puedo inferir que hace por lo menos diez años que me investigan sin orden judicial. Sin embargo la denuncia se presenta 10 años después”, dijo en su descargo.
La defensa de Ortiz Valenzuela
El oficial admitió su relación personal con Bondarenko, a quien definió como “compadre” por ser padrinos de los hijos de ambos. Y reconoció que compartieron una cena junto al senador libertario Carlos Curestis. Sin embargo, sostuvo que ese encuentro fue una reunión social. Y que la Policía Ecológica “no maneja información sensible” que pueda ser utilizada con fines políticos.
Negó todas las acusaciones que fundamentaron su desplazamiento y apuntó directamente a una persecución interna. “Me están investigando desde hace 10 años”, insistió, poniendo en duda la legalidad de las pruebas utilizadas en su contra.
La estrategia judicial
La fiscalía enviará oficios a ARBA, la Procuración bonaerense y Google para identificar las direcciones IP y cuentas de usuario que accedieron a los datos incorporados en la denuncia. El objetivo es determinar si hubo violación a la Ley de Protección de Datos Personales (25.326) o delitos vinculados a investigación sin orden judicial. “Es toda información trazable. Con códigos de acceso en algunos casos o con posibilidad de establecer la IP desde donde se consultó”, explicaron en tribunales.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad provincial no retrocede. Voceros de Alonso sostienen que las pruebas reunidas confirman que los oficiales “operaban para un político opositor” y que se encontraron “irregularidades graves”. Además, señalaron que “los acusados se están delatando entre sí para tratar de quedar afuera de la maniobra”.
Un caso que escala en campaña
El conflicto, que ya involucra denuncias cruzadas y acusaciones de manipulación política, se convirtió en un campo de batalla entre el kirchnerismo bonaerense y la oposición libertaria y macrista. El desenlace judicial podría tener impacto directo en la campaña y en la interna policial, que atraviesa una de sus mayores crisis en años.
Mientras la fiscalía avanza para confirmar si hubo un operativo de espionaje ilegal de larga duración, el oficialismo insiste en que no se trata de víctimas, sino de responsables de una maniobra para socavar la conducción de la fuerza. En medio de la tensión, el caso sigue sumando capítulos y promete condicionar el escenario electoral en la provincia.
