El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, encendió las alarmas este lunes al confirmar que el Ejecutivo provincial evalúa realizar una denuncia penal por presuntas tareas de espionaje ilegal que habría llevado adelante la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El foco de la denuncia apunta a seguimientos y recopilación de datos personales sobre dirigentes políticos, gremialistas y militantes, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional.
“Estamos analizando, junto a nuestros equipos legales, si avanzamos con una acción penal por estas tareas ilegales”, expresó Bianco en declaraciones a la prensa, luego de que el periodista Hugo Alconada Mon difundiera un informe que compromete al sistema de inteligencia del Estado por el seguimiento a referentes como Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa, e incluso figuras de otros espacios como Facundo Manes y Néstor Grindetti.
Espionaje cruzado y un marco legal vulnerado
El funcionario remarcó que estas acciones configuran una “violación flagrante” al artículo 4 de la Ley 25.520, que impide expresamente que los organismos de inteligencia recopilen información sobre ciudadanos por su ideología política, militancia o participación en actividades legales. “Esto no solo es grave: es inaceptable en una democracia”, enfatizó Bianco.
Según lo publicado en el informe periodístico, el accionar habría sido sistemático y dirigido a diferentes sectores políticos, lo que refuerza la sospecha de una estrategia de vigilancia por razones políticas más que de seguridad nacional. “Estamos hablando de una práctica que creíamos desterrada después del retorno de la democracia”, sentenció el ministro.
Deudas millonarias y reclamo ante la Corte
Pero el reclamo de la Provincia no se detiene en el plano institucional. Bianco también denunció que el Gobierno Nacional adeuda más de 12 billones de pesos a la provincia de Buenos Aires, discriminados en deudas directas, obras públicas abandonadas y programas nacionales discontinuados.
En ese marco, adelantó que este martes la Fiscalía de Estado presentará un pedido formal a la Corte Suprema de Justicia para que el máximo tribunal se expida sobre el reintegro de fondos previsionales, estimados en 1,6 billones de pesos. “Vamos a solicitar que se convoque a una audiencia de partes, como ya ocurrió con Córdoba y Santa Fe”, indicó.
Una pulseada institucional con final abierto
La escalada entre la gestión de Axel Kicillof y el gobierno de Javier Milei suma ahora un nuevo capítulo con tintes de gravedad institucional. Las denuncias por presunto espionaje ilegal reavivan viejas heridas de la política argentina, mientras que los reclamos por fondos muestran una relación Nación-Provincia cada vez más tensa.
El oficialismo aún no respondió oficialmente a las acusaciones, pero desde la Provincia advierten que no van a dejar pasar ni la persecución ni el ahogo financiero. La tensión, lejos de bajar, crece con cada nueva revelación.
