La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen unificado para exigir al Poder Ejecutivo —a través del Ministerio de Salud y la ANMAT— un informe urgente por el caso del fentanilo contaminado que dejó 96 muertes confirmadas. La iniciativa, que reunió cinco proyectos de distintos bloques, incluye 25 preguntas que apuntan a establecer responsabilidades políticas, administrativas y judiciales en lo que ya se considera una de las crisis sanitarias más graves de las últimas décadas.
El documento solicita información precisa sobre la cantidad de afectados y fallecidos, la trazabilidad de los medicamentos, las acciones de la ANMAT y la situación legal y societaria de los laboratorios involucrados: HLB Pharma Group SA, Laboratorios Ramallo SA y la Droguería Alfarma SRL, vinculados —según la investigación judicial— a Ariel García Furfaro y su familia. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, investiga a 24 personas con bienes inhibidos y prohibición de salida del país.
Puntos clave del pedido
El dictamen exige datos sobre los lotes contaminados (31.202, 31.244, 31.200 y otros bajo análisis), su origen, distribución, provincias receptoras y medidas de retiro. También pide antecedentes de inspecciones, clausuras y sanciones a las empresas desde 2020, así como información sobre contratos, licitaciones y adjudicaciones obtenidas en los últimos seis años.
Entre las consultas figuran detalles sobre el sistema de trazabilidad de medicamentos controlados y fallas detectadas. También las habilitaciones vigentes de los laboratorios y posibles desvíos de fentanilo y otros opioides hacia el mercado ilegal. Se reclama, además, información sobre un robo en la planta de HLB Pharma en San Isidro, ocurrido en mayo, que pudo afectar pruebas vinculadas a la causa.
Cruces políticos en el debate
La reunión expuso diferencias entre oficialismo y oposición. Silvana Giudici (PRO) acusó al kirchnerismo de haber bloqueado la conformación de una comisión investigadora. Mientras que Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) responsabilizó a la gestión de Mauricio Macri. Y es que el gobierno del PRO quitó al fentanilo del listado de medicamentos con trazabilidad obligatoria en 2016.
Pablo Juliano (Democracia para Siempre) comparó la magnitud del caso con tragedias como la de Once y el atentado a la AMIA. Y advirtió sobre los riesgos de desregular controles sanitarios. Mónica Fein (Socialista) recordó antecedentes de las empresas implicadas, incluyendo un siniestro en Rosario que dejó heridos.
El fentanilo es una sustancia de uso clínico altamente regulada en todo el mundo. Las muertes provocadas por la contaminación con bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii exponen fallas graves en los mecanismos de control y fiscalización.
