Llueve, hace frío y el viento aumenta, pero la Plaza del Congreso se llena de familias con carteles grandes que dicen: “No al ajuste en discapacidad”, “No es ayuda, son derechos”, “Discapacidad = emergencia” y “No al veto”. Sobre el asfalto mojado se instaló una silla de ruedas inflable cubierta con una bandera argentina. Nadie parece retroceder: madres, padres, hijos y cuidadores se agrupan bajo paraguas y pilotos, convencidos de que el reclamo debe hacerse hoy, justo cuando la Cámara de Diputados intenta tratar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
“Estoy acá por mi hija”, dice Graciela, con la voz quebrada. A su lado sostiene una foto plastificada de Denise, su hija de 21 años. “Yo tuve un embarazo de trillizas. Una de las nenas falleció en mi panza, la otra al mes. Me quedó Denise, que nació con 27 semanas, apenas 900 gramos. Estuvimos cuatro meses internadas en el Garrahan tratando de salvarle la vista, pero no se pudo. Ella quedó no vidente. Desde los seis meses la llevo a centros terapéuticos, a una escuela para no videntes, con transporte especial porque además tiene retraso madurativo y convulsiones. Yo necesito un respaldo, el Estado no puede mirar para otro lado”.
A pocos metros, bajo otro paraguas, una pareja sostiene de la mano a su hijo adolescente con síndrome de Down. Se llama Matías, tiene 16 años, y fue él mismo quien pidió hablar. “Vine porque quiero estudiar, trabajar y tener los mismos derechos que los demás. Yo no quiero que nos saquen lo que conseguimos”, dice. Su madre, Carolina, lo escucha emocionada y agrega: “No es solo nuestro futuro como familia, es el de miles de chicos”.
Prestadores sin cobrar y familias al límite
Cada grupo trae su propio relato. Mariana llegó desde La Plata con su hijo en silla de ruedas. “Él necesita rehabilitación tres veces por semana, pero hace meses que los pagos a los prestadores se atrasan. Nosotros no podemos sostener eso. Las terapias son vida o muerte. Y mientras tanto el Gobierno veta la ley”.
Unos pasos más allá, Liliana Cordero muestra una carpeta con certificados médicos, turnos y recetas. Su hija Sofía tiene 9 años, epilepsia refractaria y retraso madurativo. “Yo no puedo dejar de trabajar, pero tampoco puedo dejar de acompañarla. El transporte escolar que la llevaba dejó de pasar porque no le pagaban al chofer. Entonces falto yo al trabajo. Es un círculo que no termina. Estamos agotados”.
El trasfondo político y la ley vetada
El reclamo no empezó hoy. Ayer hubo una vigilia en Plaza de Mayo bajo la consigna “Encendamos juntos una luz de esperanza”. Familias, artistas y referentes del sector se agruparon con velas, esperando lo que ocurriría este miércoles en el Congreso. Desde la mañana se multiplican las movilizaciones en distintas ciudades.
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada por el Congreso, pero vetada por el presidente Javier Milei. El texto buscaba declarar la emergencia hasta diciembre de 2027, con medidas concretas: regularizar los pagos atrasados a los prestadores, actualizar aranceles, reformar el sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y garantizar el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad en el Estado.
“No es caridad, son derechos”
Al costado del escenario improvisado, José Ruiz, un jubilado que viajó desde Córdoba con su nieto Lautaro, de 10 años, sostiene un cartel escrito a mano: “No es caridad, son derechos”. “El derecho de mi nieto a la inclusión es lo primero. Y acá estoy para defenderlo”.
En otra punta de la plaza, Mónica relata su historia sin soltar la mano de su hija de 25 años con autismo: “Cuando era chica nadie me decía qué hacer, tuve que aprender sola. Ahora, después de tanto esfuerzo, no podemos permitir que nos recorten. Esto no es un gasto, es inversión en vidas”.
Expectativa por la votación en Diputados
El frío cada vez se siente más, pero la bronca y la esperanza sostienen a la multitud. Algunos improvisan cantos de protesta, otros tocan bombos bajo los plásticos. Circula incluso el fallo judicial que anuló el veto presidencial tras un amparo de una familia con dos hijos con discapacidad, lo que reabrió el debate y podría sentar un precedente histórico.
Las familias saben que nada está asegurado. “No nos vamos a ir hasta que se trate. No es solo una ley, es nuestra vida cotidiana”, repite Susana, que participa con su hijo de 12 años con distrofia muscular. “Él necesita asistencia respiratoria nocturna y una obra social que cumpla. No podemos esperar más”.
