En medio del escándalo por no cumplir con la cuota alimentaria, L-Gante logró que Tamara Báez aceptara un acuerdo económico mucho más bajo de lo que ella y su equipo de abogados esperaban: en lugar de los 5 mil dólares mensuales originalmente fijados, ambos firmaron un nuevo monto de 2 millones de pesos por mes y los comentarios a favor y en contra sobre este caso no se hicieron esperar.
El abogado que había llevado la causa, Juan Pablo Merlo, hizo pública su indignación y anunció su desvinculación como representante de Báez. En su comunicado, explicó que habían obtenido avances significativos como por ejemplo, la inscripción como moroso, la prohibición de salida del país para L-Gante y justamente el monto de 5 mil dólares.
Sin embargo, aseguró que esos logros fueron revertidos por “influencias del demandado”, insinuando que el cantante logró modificar el curso del proceso a su favor. Con este contexto, se detonaron los rumores de si el intérprete de cumbia 420 está en bancarrota o simplemente se trató de un acto de manipulación hacia su expareja para pagar menos dinero.
Además, en las redes sociales se multiplicaron las especulaciones sobre su capacidad para persuadirla, mientras él habría admitido en público que se acercó a su ex porque «la sigue amando”, pero su acercamiento quedó en duda ya que Tamara Báez negó una reconciliación entre ellos asegurando que está soltera y enfocada solo en su hija Jamaica.
Días antes, una situación incómoda en Migraciones marcó un quiebre: L-Gante fue retenido en el aeropuerto de Ezeiza por ser deudor alimentario y no pudo viajar a México como planeaba. Esa embestida lo llevó a acelerar un encuentro con Tamara y sus abogados para cerrar un trato cuanto antes.
Ahora, el nuevo acuerdo lo libera de impedimentos judiciales inmediatos, le permite retomar su agenda laboral y recuperar su libertad de movimiento. Pero para muchos, representa una ventaja excesiva para el artista, que pudo imponerse sobre lo dictado por la Justicia y abandonar una obligación considerable en dólares.
