El próximo 13 de agosto es la fecha límite para que Cristina Kirchner y los condenados por la Causa Vialidad le devuelvan los 530 millones de dólares que, según la sentencia, deben restituir al Estado. Hasta el momento, ninguno de los condenados ingresó fondos a la cuenta del Banco Nación que estableció la Justicia y los plazos comenzaron a acortarse.
En caso de que llegada la fecha el dinero no esté ingresado en la entidad bancaria correspondiente, se pasará a la subasta pública de los bienes decomisados. Sin embargo, una reciente acordada de la Corte Suprema de Justicia introdujo una opción distinta: destinar parte de esos inmuebles a uso institucional, ya sea para el propio máximo tribunal o para el Consejo de la Magistratura.
La resolución firmada por los ministros de la Corte señala que «este Tribunal puede afectar o asignar, por razones de un mejor servicio de justicia, aquellos inmuebles que hubieran sido decomisados» para su utilización directa o para ser cedidos al Consejo de la Magistratura. Esto abre la puerta a que, en lugar de venderse de inmediato, algunas propiedades se conviertan en oficinas judiciales, depósitos de archivo o espacios para otros programas públicos.
Los bienes de Cristina Kirchner
En el caso de la expresidenta, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola identificaron al menos dos propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, los departamentos del complejo Madero Center y otras 24 propiedades en el sur del país como activos susceptibles de ser subastados. Sin embargo, hay otros dos problemas que atraviesan a esta condición.
Por un lado, muchos de estos inmuebles están cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Además, estos mismos se encuentran embargados en otra causa, la de Hotesur – Los Sauces. Ante esto, los fiscales sostienen que como la sentencia de la Causa Vialidad llegó primero, tienen prioridad para ejecutar la subasta.
De no concretarse la venta inmediata, la acordada de la Corte Suprema contempla la posibilidad de ceder temporalmente los bienes a provincias, municipios o entidades sin fines de lucro para destinarlos a programas de utilidad social, como educación, salud, asistencia a víctimas, reinserción social o contención de personas en situación de vulnerabilidad.
Lázaro Báez, otro de los complicados
La causa Vialidad, resuelta en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N.º 2, concluyó que durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se direccionaron de forma fraudulenta contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, provocando un perjuicio millonario al Estado.
De hecho, el empresario es el más complicado dentro del esquema de devolución de dinero. Lo que ocurre es que la Justicia no estableció un monto que cada condenado debe devolver, sino que puso un valor para todos en general y que ellos deban distribuirse como entregar esa cifra. En este marco, Báez tiene más de 100 propiedades en el sur y estiman que, en caso de llegar a una subasta pública, será de los primeros en perder bienes.
