El Gobierno presentó una denuncia tras los incidentes registrados durante la caravana que encabezó el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora. El texto menciona presuntos delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad agravados por coparticipación criminal.
De acuerdo con el comunicado difundido por el Ministerio de Seguridad, la presentación quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora. El objetivo es que se profundice la investigación para determinar si existió una organización detrás de los hechos.
El episodio ocurrió cuando un grupo de personas comenzó a generar disturbios durante el paso del mandatario por la localidad de Lomas de Zamora. En medio de la tensión, una piedra fue lanzada en dirección al presidente, aunque no llegó a impactar.
Patricia Bullrich y la respuesta del Ministerio de Seguridad
La ministra Patricia Bullrich subrayó que la denuncia busca garantizar que los responsables enfrenten a la Justicia. Según el comunicado, “el que las hace, las paga”, en referencia a la decisión oficial de aplicar sanciones firmes frente a hechos de violencia.
Fuentes de la cartera explicaron que la acusación de atentado a la autoridad y delitos de intimidación pública se sustenta en la gravedad de los disturbios. Al tratarse de una caravana presidencial, el episodio adquiere mayor relevancia por el nivel de exposición y riesgo para la seguridad nacional.
En este marco, el Ministerio de Seguridad consideró que la supuesta organización del ataque podría configurar un agravamiento de las figuras penales. Por ello, se requirió a la Justicia que no solo investigue a los autores materiales, sino también a posibles responsables intelectuales.
Investigación y alcance judicial
La denuncia presentada busca que la Justicia determine con precisión el grado de participación de quienes provocaron los disturbios. La hipótesis principal apunta a que los hechos no fueron aislados, sino coordinados.
Para el Gobierno, el episodio de Lomas de Zamora representó un intento de alterar el orden público y atentar contra la figura presidencial. Por esa razón, se insiste en que los delitos deben recibir sanciones ejemplares.
De avanzar en la investigación, los imputados podrían enfrentar cargos graves, lo que habilitaría penas más altas que las previstas para casos comunes de violencia callejera. El planteo oficial se sostiene en que la seguridad de un presidente no puede ponerse en riesgo sin consecuencias legales.
En este escenario, el Gobierno presentó una denuncia con la intención de dejar un precedente: los disturbios durante la caravana de Javier Milei no quedarán impunes. Según el Ministerio de Seguridad, tanto los responsables directos como quienes los hayan instigado deberán responder ante la Justicia.
