El Gobierno analiza recurrir a la Corte Suprema de Justicia en caso de que el Congreso rechace los vetos presidenciales a la ley de aumento jubilatorio, a la moratoria previsional y a la emergencia en discapacidad. Esa posibilidad aparece como una de las alternativas más firmes dentro de la estrategia del oficialismo, que evalúa además solicitar la nulidad de la sesión del Senado en la que se votaron esas iniciativas. Una segunda vía que también está sobre la mesa apunta al fuero Contencioso Administrativo, en lo que sería una ofensiva judicial múltiple con el objetivo de frenar la aplicación de las normas aprobadas por la oposición.
La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, conduce la estrategia jurídica en coordinación con su mesa de abogados, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y los equipos de la Procuración del Tesoro. Desde la Casa Rosada admiten que «vamos a intentar dilatar la aplicación de la ley todo lo que nos permita la Justicia», dejando en claro que el objetivo central es ganar tiempo político y económico en un contexto de fuerte presión sobre las cuentas públicas.
En el Ejecutivo rechazan los planteos que sostienen que la firma de los vetos validó automáticamente la sesión parlamentaria. Por el contrario, aseguran que mantendrán todas las opciones abiertas para impedir la entrada en vigor de las leyes. «Bajo ningún aspecto vamos a promulgar las leyes. Los fondos no se van a gastar», remarcan con firmeza en el entorno presidencial, donde se busca transmitir la idea de un control absoluto de la situación.
Los funcionarios también descartan la posibilidad de diseñar alguna medida compensatoria, ya sea a través de aumentos jubilatorios o mediante una recomposición de las pensiones administradas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que depende del ministro de Salud, Mario Lugones. “Vamos a seguir recortando pensiones”, advierten, en un mensaje que marca la continuidad del rumbo fiscalista, según TN.
La estrategia del Gobierno
La estrategia jurídica del oficialismo se apoya además en el cuestionamiento a la autoconvocatoria del Senado. El Gobierno sostiene que esa decisión fue irregular y que, en consecuencia, «lo aprobado durante la sesión del jueves no tiene validez». Para reforzar este argumento, planea invocar el artículo 32 del reglamento de la Cámara Alta, que establece que la convocatoria de sesiones ordinarias, especiales y extraordinarias corresponde al Presidente del cuerpo.
Otro eje de la defensa es el impacto fiscal que tendrían las leyes vetadas. Esa cuestión ya fue incluida en los considerandos de los decretos presidenciales y volverá a ser planteada ante la Justicia. Según el Gobierno, las fuentes de financiamiento previstas en el texto legal apenas cubren el 15% del gasto requerido para llevarlo adelante, lo que constituye una vulneración de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
El oficialismo, además, no descarta vetar el proyecto que impulsa un aumento de los fondos destinados a las provincias si logra convertirse en ley. Esa iniciativa busca incrementar la distribución regular de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y también modificar la coparticipación del impuesto a los combustibles. En Balcarce 50 advierten que no permitirán que se comprometa aún más la caja nacional.
