El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, llega este miércoles al Congreso con un escenario complejo: deberá responder más de un millar de preguntas de los diputados en el marco del Informe de Gestión N.º 144. El documento, de más de 1.200 páginas, ya generó repercusión porque entre las respuestas se anticipa que no habrá aumentos en las prestaciones por discapacidad, un tema sensible tras el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Un informe marcado por el escándalo ANDIS
La presentación se da en plena crisis política por los audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que destaparon denuncias de supuestas coimas en la compra de medicamentos. Aunque el informe oficial no menciona el caso, en el recinto se espera que las preguntas opositoras giren en torno a ese episodio y a la responsabilidad de los funcionarios involucrados.
Desde la Jefatura de Gabinete señalaron que el cierre del documento fue a comienzos de agosto y que Francos está preparado para responder “todas las preguntas, siempre y cuando no insulten”. El antecedente inmediato es su tensa exposición en el Senado en junio, cuando fue increpado por legisladores peronistas.
Prestaciones sin aumento y auditorías
Las respuestas oficiales incluidas en el informe descartan nuevos aumentos para los prestadores del sistema. Se destaca que la última actualización del nomenclador se realizó en noviembre de 2024. Con incrementos marginales de entre 0,5% y 1%, y que desde entonces no se aprobaron nuevas subas.
El Gobierno sostiene que priorizará auditorías en el sistema de pensiones para “redirigir recursos a quienes más lo necesiten” y garantizar la sostenibilidad del esquema. De esta manera, la estrategia oficial se centra más en el control del gasto que en la recomposición de aranceles para prestadores y programas.
El rol del FMI y las pensiones
En el informe también se reconoce que el Ejecutivo apunta a “una mejor focalización de la inversión”. Y en línea con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En la práctica, esto implica que el eventual incremento de las prestaciones dependerá de los recursos liberados. Específicamente, por las bajas en las Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral (PNCDL).
Legisladores consultados por el documento advirtieron que esta política podría significar un ajuste indirecto en el sistema. Ya que los prestadores siguen reclamando recomposiciones frente a la inflación y denuncian falta de recursos para sostener la atención a beneficiarios.
La magnitud de la población alcanzada
Según los datos actualizados del Registro Nacional de Personas con Discapacidad al 1 de agosto de 2025, hay 1.855.978 argentinos con CUD vigente. El 40,5% se concentra en la provincia de Buenos Aires, con más de 750 mil titulares, mientras que otras jurisdicciones con altos registros son CABA (180 mil), Santa Fe (135 mil), Córdoba (124 mil) y Mendoza (91 mil).
La magnitud refuerza la sensibilidad política y social del tema, que ya se transformó en uno de los ejes centrales de la agenda parlamentaria. Y de la oposición en el marco de la crisis generada por los audios de Spagnuolo.
