El Gobierno nacional no tiene previsto implementar medidas paliativas inmediatas para enfrentar la crisis que atraviesa el sistema de discapacidad. La Casa Rosada decidió no reasignar fondos hasta verificar primero un ahorro por la suspensión de pensiones presuntamente irregulares, a través de una auditoría médica que se realiza caso por caso. Mientras tanto, no se actualizarán aranceles ni se habilitarán nuevas partidas para el sector.
La postura oficial se mantiene incluso frente al riesgo de que el Congreso avance con la ley de emergencia en discapacidad. Aunque el oficialismo no tiene garantizado el número de votos para sostener el veto de Javier Milei, en el Ejecutivo ratifican que no habrá anuncios antes de que se resuelva el tema parlamentario. “No vamos a dar plata”, sintetizó una fuente del riñón presidencial.
El Gobierno ya suspendió más de 110 mil pensiones
La auditoría está en manos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que comenzó el operativo en marzo y por ahora suspendió 110.522 pensiones no contributivas por invalidez laboral. El proceso se inició tras una revisión médica de los beneficiarios y la posterior evaluación por parte del área de auditorías. Según datos oficiales, también se dieron de baja otras 8.107 pensiones por fallecimientos y 10.038 por renuncias voluntarias.
El plan es reducir el universo total de beneficiarios, que hoy asciende a más de un millón. Desde Andis estiman que entre 250.000 y 300.000 pensiones fueron “mal otorgadas”. La suspensión implica que los titulares pueden impugnar la resolución, aunque el avance es sostenido: actualmente se cancelan unas 10.000 pensiones por semana.
La estrategia: recortar primero para reasignar después
Según fuentes oficiales, el objetivo de fondo es generar un ahorro en el sistema de Incluir Salud —la obra social del Estado para personas con discapacidad— para recién ahí actualizar los valores del nomenclador que rige las prestaciones. Actualmente, los aranceles están desactualizados en casi un 70% y los prestadores denuncian una situación crítica.
Mientras tanto, continúa la presión de parte de la oposición y de legisladores dialoguistas para que el Gobierno tome alguna medida de contención. Sin embargo, en la Casa Rosada consideran que ese debate debe esperar. Incluso el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había planteado la necesidad de un gesto hacia los aliados parlamentarios, pero por ahora no hubo avances.
Auditoría nacional y notificaciones masivas
A fines de marzo, Andis comenzó a citar a los beneficiarios para que se sometan a un examen médico obligatorio. Los turnos fueron otorgados por el PAMI en distintas localidades del país. Los informes de los profesionales fueron derivados a la agencia, que luego resolvió cada caso.
Ahora, el Gobierno busca avanzar sobre el otro 50% del padrón, que no se presentó a la revisión inicial. Para eso, Andis lanzó una licitación para contratar 720.000 envíos de cartas documento, con el objetivo de notificar a los beneficiarios. Desde el organismo explicaron que el número no refleja la cantidad total de suspensiones, ya que en muchos casos se requerirán múltiples notificaciones.
“No corresponde a un país que sufrió guerras o catástrofes”
El presidente ya había defendido la baja masiva de pensiones al señalar que el crecimiento explosivo de las asignaciones por discapacidad entre 2003 y 2023 “no corresponde a un país que sufrió guerras o catástrofes”. En la misma línea, el vocero Manuel Adorni afirmó que se detectó una maniobra fraudulenta con desvíos de hasta 1.000 millones de dólares anuales.
“El número estratosférico de pensiones no se explica más que por el clientelismo de los últimos 20 años”, sostuvo Adorni. Las cifras oficiales indican que en 2003 había 79.000 pensiones por invalidez laboral. Para diciembre de 2023, el total ascendía a 1.222.000. El Gobierno cree que allí se oculta una estructura “inflada” de beneficiarios y apunta a depurarla por completo.
