Los antecedentes sobre la tragedia sanitaria del fentanilo mortal, que dejó cerca de un centenar de víctimas, siguen acumulándose. Documentos oficiales a los que accedió Infobae revelan que el laboratorio HLB Pharma, de Ariel García Furfaro, recibió una orden de clausura en mayo de 2019 por graves fallas en la producción de medicamentos, pero la medida nunca se ejecutó.
La inspección estuvo a cargo del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), dependiente de la ANMAT, durante la gestión de Mauricio Macri y el entonces ministro de Salud, Adolfo Rubinstein. El acta estableció que la empresa operaba en un nivel “no aceptable” de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación.
En julio de ese año, la jefa de Medicamentos de ANMAT, Gabriela Vedoya, recomendó la clausura. En septiembre, la Dirección de Inspección pidió inhabilitar a HLB Pharma, pero la disposición quedó en la nada.
Irregularidades graves en la fabricación
El documento detectó producción sin autorización de medicamentos como el omeprazol y señaló la ausencia de un jefe de Garantía de Calidad. El personal de la unidad carecía de formación profesional adecuada, lo que derivó en falencias sistemáticas: equipos sin calificación, procesos de validación incompletos, deficiencias en estudios de estabilidad y fallas en los protocolos de retiro de productos del mercado.
“Se sugiere la clausura del establecimiento y la prohibición de comercialización en todo el territorio nacional”, fue la recomendación textual del acta de ANMAT, que también pedía sumariar a la empresa y a su director técnico.
Expansión durante el kirchnerismo
Lejos de frenarse, el laboratorio de García Furfaro se expandió durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Llegó incluso a participar de las negociaciones para la compra de vacunas Sputnik en plena pandemia de COVID-19.
Las deficiencias que no fueron corregidas en 2019 siguieron arrastrándose durante los gobiernos de Ginés González García, Carla Vizzotti y sus sucesores, sin que se adoptaran medidas de control efectivas.
La Justicia investiga ahora cómo se produjo la contaminación del anestésico que se utiliza en hospitales y clínicas. Y que desencadenó la mayor crisis sanitaria de los últimos tiempos. Para los investigadores, la catástrofe no surgió de un hecho aislado, sino de años de descontrol y omisiones en la fiscalización estatal.
