El Ministerio de Salud de la Nación quedó afuera de la causa por el fentanilo contaminado luego de que la Justicia revocara su rol como querellante. La decisión se tomó a partir de la sospecha de que algunos organismos públicos podrían tener cierto grado de responsabilidad, ya sea por omisiones en los controles o por posibles vínculos de connivencia con los hechos investigados. El juez federal Ernesto Kreplak fue quien determinó que la cartera sanitaria no podrá continuar actuando como acusador particular dentro del expediente.
De acuerdo con la información difundida por la agencia Noticias Argentinas, tras las detenciones de Ariel García Furfaro junto a un grupo de directivos, accionistas y responsables técnicos de los laboratorios involucrados, se impulsó una línea de investigación orientada a evaluar el papel de los organismos estatales que debían fiscalizar la actividad. Ante este escenario, se consideró que la participación del Ministerio de Salud en calidad de querellante podía generar un conflicto, ya que el propio organismo podría estar alcanzado por la pesquisa judicial.
En su resolución, el magistrado subrayó que lo expresado por la cartera conducida por Mario Russo al solicitar ser parte querellante «no resulta suficiente argumento para mantener su legitimación activa en ese carácter». De esa forma, el juez dio marcha atrás con la aceptación inicial del Ministerio como acusador particular y limitó la investigación a la fiscalía y a las querellas ya constituidas.
La causa por fentanilo contaminado
La causa tiene como principales imputados a Diego y Damián García, encargados del control de HLB Pharma y Ramallo; Nilda Furfaro, accionista y vicepresidenta de HLB Pharma; Javier Tchukran, director general de ambos laboratorios; Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Ramallo; José Antonio Maiorano, director técnico de HLB; Horacio Tallarico, presidente de Ramallo; y Rodolfo Labrusciano, director suplente. Todos ellos fueron detenidos en los últimos días luego de que se dispusieran órdenes de allanamiento en sus respectivos domicilios.
El nombre más resonante dentro de la investigación es el de Ariel García Furfaro, dueño de ambos laboratorios. Según trascendió, se entregó en horas de la noche en la alcaidía de Ezeiza acompañado por su abogado, después de que la Justicia ordenara su captura. Allí permaneció alojado a la espera de la indagatoria que deberá realizarse en conjunto con el resto de los detenidos. La expectativa está puesta en que sus declaraciones permitan esclarecer la trama detrás de la distribución de fentanilo adulterado, que desató una fuerte preocupación en el ámbito sanitario y judicial.
