El Gobierno de Javier Milei enfrenta un doble frente por la gestión de Diego Spagnuolo en la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS): a los audios filtrados sobre supuestas coimas en la compra de medicamentos se sumó la revelación de que hubo miles de bajas mal realizadas en pensiones por invalidez laboral. La Casa Rosada reconoció errores y ordenó una revisión urgente de los procedimientos.
Según el informe que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó en Diputados, la ANDIS dio de baja 111.463 pensiones no contributivas por invalidez. El procedimiento arrancó en enero, cuando Spagnuolo ordenó enviar casi un millón de citaciones por carta documento a los domicilios registrados en los trámites originales. Sin embargo, los resultados mostraron severas falencias: más de la mitad de esas notificaciones nunca llegaron a destino.
El desglose provincial dejó en evidencia irregularidades graves. En Chaco, el 79% de las citaciones no se entregaron; en Formosa, el 73,9%; en Misiones, el 73,5%; y en Buenos Aires, el 38,2%. La situación derivó en largas filas de beneficiarios reclamando en las oficinas de la ANDIS porque dejaron de cobrar los 280 mil pesos mensuales, mientras el escándalo político crecía con la difusión de los audios.
Reconocimiento oficial
«Hubo errores y lo estamos investigando. La revisión de las pensiones por discapacidad va a continuar, pero es cierto que algunas fueron dadas de baja de manera incorrecta», admitieron fuentes oficiales. Con esa frase, la Casa Rosada marcó un contraste con los gobiernos kirchneristas, que multiplicaron las pensiones hasta llegar a más de 1,2 millones, muchas de ellas utilizadas como un plan social encubierto.
La reacción oficial incluyó la remoción de Spagnuolo, la intervención de la ANDIS y el nombramiento de Alejandro Vilches al frente del organismo. La Sindicatura General de la Nación (Sigen) ya trabaja en la auditoría integral de los procesos internos.
Procedimientos opacos
Las primeras indagaciones confirmaron lo que los audios habían dejado entrever: las compras de medicamentos en el programa Incluir Salud se hacían por fuera del sistema Compr.Ar, a través de correos electrónicos, sin control ni transparencia. En 20 meses de gestión, Spagnuolo mantuvo intactos esos mecanismos discrecionales que se arrastraban desde la era kirchnerista.
En las grabaciones que trascendieron, Spagnuolo hablaba de una «repartija» de negocios entre droguerías y mencionaba directamente a Eduardo “Lule” Menem, dirigente clave en el armado peronista. «Todo eso es Lule», se lo escuchó decir en uno de los fragmentos, que ya son investigados por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.
Impacto en los beneficiarios
Más allá de la trama política y judicial, el drama lo viven los beneficiarios que fueron dados de baja de manera arbitraria. Muchos de ellos relataron en televisión cómo se quedaron sin su única fuente de ingreso. La Justicia allanó las oficinas de la ANDIS, y ahora se convirtieron en el epicentro de reclamos. En varios casos, la intervención confirmó que hubo errores en los procedimientos.
Esa situación puso bajo la lupa no solo las 111 mil bajas, sino también la reducción del padrón de Incluir Salud. Entre enero de 2024 y julio de 2025, la cantidad de beneficiarios cayó un 26,8% a nivel nacional. Y con picos de 30,6% en la provincia de Buenos Aires y hasta 39% en Santa Cruz. No hubo explicaciones oficiales sobre esa merma, pero la nueva gestión prometió investigarla.
El trasfondo político
El Gobierno de Milei busca diferenciarse de las gestiones pasadas que, bajo la bandera de la “inclusión”, transformaron las pensiones por discapacidad en un esquema de clientelismo político. Al mismo tiempo, intenta despejar las dudas sobre el rol de uno de los hombres más cercanos al Presidente, que hasta hace pocas semanas era parte de su círculo íntimo.
La doble herencia —el descontrol kirchnerista y las prácticas opacas de Spagnuolo— dejó a la Casa Rosada con un problema político y social que ahora debe resolver.
