El Gobierno aumentó la presión en la causa del fentanilo contaminado. Advirtió que recusará al juez Ernesto Kreplak si no ordena la detención de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma Group. El Ejecutivo lo responsabiliza por la muerte de más de 100 personas y publicó un comunicado con fuertes acusaciones contra él y contra funcionarios bonaerenses.
Reclamo por la detención del empresario
Según el comunicado, García Furfaro está vinculado a Lázaro Báez. También afirma que pasó de ser comerciante a empresario farmacéutico “amigo del poder”. El Gobierno señaló que el laboratorio no recibía inspecciones de la Anmat desde febrero de 2020. La revisión fue ordenada por el ministro de Salud, Mario Lugones, dos meses después de asumir, en noviembre de 2024.
En febrero de este año, la titular de la Anmat, Agustina Bisio, inhabilitó el laboratorio Ramallo. La medida se tomó dos horas después de recibir el resultado de la inspección. En marzo, el organismo recomendó no usar ni distribuir el producto en todo el país.
Denuncias y acusaciones políticas
El Ejecutivo informó que se iniciaron investigaciones por “documentación falsa” en el registro del laboratorio y por “evasión tributaria agravada”. Además, acusó al gobernador Axel Kicillof y al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, de ser “principales clientes” de HLB Pharma.
“Clausuramos y denunciamos al laboratorio de un empresario corrupto, beneficiario de la casta política que llenó el Estado de ñoquis y corruptos”, expresó el comunicado difundido en redes.
La investigación por el fentanilo contaminado comenzó en abril, tras registrarse las primeras muertes en la provincia de Buenos Aires. El caso quedó en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Kreplak.
Con el paso de los meses, se sumaron historias clínicas de 200 hospitales del país para determinar si hubo más víctimas. Según la pesquisa, al menos cinco lotes contaminados fueron distribuidos en ocho centros de salud de distintas provincias.
El expediente sigue en curso. El Gobierno de Javier Milei insiste en que el juez debe ordenar la detención de García Furfaro. La advertencia de una posible recusación marca un nuevo capítulo en un caso que ya suma más de un centenar de víctimas y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y judiciales.
