El Gobierno nacional advirtió que un posible fallo judicial en Estados Unidos que obligue a entregar las acciones de YPF sería «incumplible». Así lo sostuvo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en una entrevista con Radio Nacional. El funcionario explicó que la ley argentina que regula la propiedad estatal de YPF impide cumplir una orden que contradiga ese marco legal.
Francos afirmó que «para vender acciones de YPF que pertenecen al Estado, se necesita la aprobación del Congreso con mayoría especial». Esto condiciona cualquier decisión que provenga de tribunales extranjeros.
Judicialización y apelaciones en el juicio millonario por YPF
El proceso judicial en Nueva York enfrenta varios puntos críticos. En junio pasado, la jueza Loretta Preska ordenó que Argentina entregue las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park, como forma de pago por una indemnización de 16.100 millones de dólares, más intereses. Sin embargo, esa decisión está apelada y suspendida temporalmente.
Además de impugnar el pago de la indemnización, Argentina también apeló la orden de entregar el 51% de las acciones que controla el Estado en YPF. La defensa considera que la jueza excedió sus atribuciones y que no existe posibilidad material de cumplir con esa entrega.
Para evitar un incumplimiento, la defensa solicitó la suspensión formal de la entrega mientras el Tribunal analiza la situación con mayor profundidad.
Marco legal argentino limita la entrega de acciones
El Gobierno enfatiza que la ley que expropió YPF establece claramente los pasos para cualquier transferencia de acciones estatales. Esta normativa exige la aprobación parlamentaria y limita las decisiones unilaterales.
Por eso, una orden judicial extranjera que disponga la entrega de acciones sin el aval del Congreso se considera imposible de cumplir. El jefe de Gabinete destacó que esa ley es el principal obstáculo para acatar un fallo adverso.
Expectativa por la resolución definitiva en Estados Unidos
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York aún debe resolver las apelaciones presentadas por Argentina. El resultado tendrá un impacto significativo, tanto en términos económicos como políticos.
El juicio genera incertidumbre sobre el control de YPF, una empresa clave para el país. Guillermo Francos aseguró que, aunque se dicte un fallo adverso, la normativa interna protege la soberanía y limita las opciones del Gobierno.
