La legisladora porteña Graciela Ocaña encendió la polémica al denunciar que el caso del fentanilo contaminado, que ya provocó 96 muertes, expone una red de intereses políticos y empresariales de larga data. Según la exministra de Salud, detrás de los laboratorios HLB Pharma, Ramallo y Apolo —señalados en la investigación— aparece Ariel García Furfaro, un empresario con “relación histórica con el kirchnerismo” que, aseguró, pasó “de verdulero a manejar laboratorios” e incluso participó en la negociación de vacunas Sputnik con Rusia durante la pandemia.
Ocaña afirmó que García Furfaro “tenía verdulerías en el oeste del Conurbano, y de un día para el otro comenzó a manejar laboratorios farmacéuticos”. Según relató, el empresario habría viajado junto a funcionarios del Gobierno bonaerense y del ANMAT, acompañado por figuras clave como Carla Vizzotti, entonces viceministra de Salud, y Cecilia Nicolini, asesora presidencial de Alberto Fernández, para negociar la compra de vacunas rusas.
La exfuncionaria sostuvo que el Gobierno nacional debe responder por el rol de la ANMAT en este caso: “Queremos saber cuántas inspecciones se hicieron y qué medidas se tomaron”, enfatizó. Además, recordó que García Furfaro mantiene vínculos con Jorge Salinas, su socio en el laboratorio Ramallo, quien fue investigado en las causas por la ‘mafia de los medicamentos’ y el tráfico de efedrina.
Ocaña también repasó que el empresario amplió su control sobre laboratorios bajo el argumento de “abaratar los medicamentos”, y que incluso uno de ellos, Apolo, estuvo implicado en una explosión en Rosario en 2016 que dejó víctimas fatales.
En cuanto a la actuación judicial, la legisladora apuntó contra el juez Ernesto Kreplak: “Tengo una indignación muy grande. Nunca vi una adulteración de medicamentos con tantos muertos y que nada pase. Hace cuatro meses que la causa se abrió y no citaron a los directores técnicos responsables de la manufactura”, cuestionó. Además, remarcó que el magistrado es hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y que “no está a la altura de lo que la sociedad espera”.
La legisladora también arremetió contra la inacción de la ANMAT, que —según dijo— conocía que los laboratorios no cumplían con las buenas prácticas de manufactura. Ocaña recordó un antecedente inquietante: en 2023, la doctora Florencia Prieto, desde Concordia, denunció que la dexametasona producida por HLB Pharma estaba contaminada con la misma bacteria hallada en el fentanilo. “La respuesta oficial fue que estaba dentro de los límites permitidos, cuando en estos casos el límite debe ser cero”, denunció.
Por último, la exministra advirtió que, si bien es necesario eliminar los “kioscos del Estado”, cualquier proceso de desregulación debe hacerse con criterios responsables: “Ningún ciudadano puede saber si un medicamento es bueno o malo, ni siquiera el médico, porque no participa del control de fabricación. Aquí se han violentado todos los procesos y hay vidas en juego”.
