Hugo Moyano elevó la tensión con el Gobierno al reclamar una recomposición salarial inmediata. En una nota dirigida a las cámaras empresarias del sector, exigió que se aplique un aumento desde el 1° de septiembre, argumentando que la inflación de junio y julio superó lo acordado en la paritaria vigente y que «todo indica que agosto también estará por encima de las proyecciones».
El dirigente sindical advirtió sobre «la evidente brecha entre los índices inflacionarios publicados por el Gobierno y los precios reales que marcan los supermercados», en especial en alimentos, y remarcó que esta diferencia golpea de lleno en el poder adquisitivo de los trabajadores.
Reclamos por adicionales y viáticos
Moyano también puso sobre la mesa la disparidad entre ramas de la actividad encuadradas en el Convenio 40/89. Según detalló, todavía persisten diferencias sustanciales en los ingresos de logística, expreso, mudanzas y correo privado, por lo que solicitó que se fije un piso mínimo del 20% en los adicionales de especialidad.
Otro de los puntos centrales fue la incorporación de los viáticos y la comida como conceptos remunerativos, dado que «su actual tratamiento perjudica a los trabajadores en licencias, aguinaldo, jubilaciones y otros beneficios». Consideró inadmisible que sean alcanzados por el Impuesto a las Ganancias sin impactar en los haberes.
Obras sociales y seguridad vial
El sindicalista volvió a reclamar el mantenimiento de la contribución patronal extraordinaria para financiar las obras sociales del sector. Y alertó sobre el incremento constante de los costos en salud. Además, pidió garantizar la aplicación plena de la normativa de licencias profesionales de conducción de camiones. Con exámenes psicofísicos y cursos de capacitación obligatorios, para «resguardar la seguridad vial y la salud de los trabajadores».
Este último punto lo vinculó directamente con la decisión del Gobierno de eliminar la obligatoriedad de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI). Un trámite que había nacido bajo control sindical y que en su momento se conoció como el «registro Moyano».
Paritaria anterior y tensiones con empresarios
La última negociación salarial, firmada en junio, contempló un 3% en tres cuotas mensuales y una suma fija de $45.000. Además, de un aporte extraordinario de $18.500 por trabajador a las obras sociales. Aunque en principio el acuerdo parecía alineado con la pauta oficial, las pymes advirtieron dificultades para afrontar los pagos y señalaron que el incremento real superaba lo previsto.
En ese contexto, el Ministerio de Economía llegó a evaluar frenar la homologación, pero finalmente el secretario de Trabajo, Julio Cordero, logró destrabar el conflicto con un «acuerdo de caballeros» que permitió flexibilizar los plazos de pago.
