El juez federal Ernesto Kreplak ordenó este martes la intervención urgente del área de Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires en el laboratorio Ramallo S.A., propiedad del empresario detenido Ariel García Furfaro. La decisión se tomó tras la difusión de imágenes impactantes que mostraban una montaña de ampollas de fentanilo descartadas en uno de los sectores del establecimiento, lo que encendió nuevas alarmas sobre el estado del lugar y las consecuencias de su actividad.
Según confirmaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas, se dispuso la preservación inmediata del espacio, la toma de muestras fotográficas y la confección de un croquis detallado por parte de las fuerzas federales que custodian el predio clausurado. La medida también incluye la concurrencia inmediata de inspectores del Ministerio de Medio Ambiente bonaerense, el organismo competente en el manejo y desecho de medicamentos, con el fin de evaluar la magnitud del problema desde una perspectiva ambiental.
El dato que sorprendió a los investigadores es que este escenario nunca había sido detectado en los allanamientos anteriores, ni tampoco reportado por la custodia que vigila el laboratorio desde que se ordenó su clausura judicial. La sospecha es que las ampollas habrían permanecido allí como parte de un descarte irregular que nunca fue informado ni gestionado según las normas de sanidad vigentes.
Aún no hay confirmación oficial sobre si se trata de ampollas pertenecientes a los lotes adulterados de fentanilo —los mismos que provocaron decenas de muertes en el país— o de material en desuso. De todos modos, las imágenes sugieren que fueron acumuladas sin control ni medidas de seguridad. De acuerdo a lo informado, las autoridades de la causa deberán ser notificadas formalmente tras la inspección ambiental para definir los pasos a seguir.
Fentanilo contaminado: ¿Se abre una nueva causa?
Las fotografías difundidas por TN no solo dejaron al descubierto el almacenamiento indebido de sustancias altamente peligrosas, sino también el estado edilicio crítico del laboratorio. Este aspecto ya formaba parte de la investigación judicial, que cuenta con pericias previas donde se documentaron graves deficiencias en materia de construcción, mantenimiento y condiciones de sanidad. Incluso, consta en la causa que Furfaro había sido advertido en varias oportunidades sobre estas irregularidades, sin que hubiera adoptado medidas correctivas.
La nueva intervención abre un capítulo sensible porque suma al proceso penal el impacto ambiental del caso Ramallo, que podría derivar en sanciones adicionales y en la ampliación de la responsabilidad penal de los imputados. Ahora, los peritos deberán determinar no solo el origen de las ampollas, sino también los riesgos concretos que representa para la salud pública y el medio ambiente el modo en que fueron descartadas.
