El juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, decretó la prisión domiciliaria al ex presidente de Brasil entre 2019 y 2022, Jair Bolsonaro, por el «flagrante y reiterado incumplimiento de las medidas cautelares que lo mantenían en libertad» mientras se desarrollaba el proceso judicial en su contra por el intento de golpe de Estado a principios de 2023. Bolsonaro deberá cumplir con la prisión domiciliaria en Brasilia mientras utiliza tobillera electrónica y una serie de condiciones que limitarían su rango de acción y comunicación con sus militantes.
La decisión de Moraes llegó luego de que la Corte dictar una serie de medidas cautelares contra Bolsonaro en julio, entre ellas el uso de tobillera, las cuales no habría cumplido y, según detalló en un documento de 74 páginas, mantuvo distintos contactos a través de las redes sociales de sus aliados y su hijo, Flávio Bolsonaro, para «difundir mensajes de instigación contra al STF y apoyar la intervención extranjera en el Poder Judicial brasileño«.
Por esto, el ex mandatario quedará detenido en su domicilio en el barrio del Jardín Botánico, en Brasilia, donde no podrá recibir visitas, a excepción de familiares próximos y sus abogados, y no podrá utilizar celulares propios o de terceros. Para cumplir esto, la Policía Federal allanó su residencia durante el lunes e incautaron todos los teléfonos.
Entre las pruebas recolectadas por la Justicia de Brasil se encuentra un video publicado por el senador Flávio Bolsonaro el domingo, el cual borró luego de un tiempo, durante una manifestación en Copacabana en respaldo al ex mandatario y protestando contra la Corte. En la movilización, los presentes habrían lanzado distintos discursos contra Moraes y portado distintas banderas en apoyo a Estados Unidos y Donald Trump. Para el juez, Bolsonaro habría intentado presionar al tribunal que le había prohibido comunicarse a través de redes sociales, propias y ajenas.
En paralelo, la STF comenzó a investigar la presunta gestión de sanciones económicas a Brasil por parte de Estados Unidos. Esta denuncia apuntaría que a través de su hijo, Eduardo, radicado en Estados Unidos desde marzo, realizaron distintos movimientos para conseguir las sanciones económicas recientemente aplicadas al gobierno de Lula da Silva y promover medidas contra los ministros del STF y las autoridades brasileñas.
