La Justicia resolvió frenar los pases a disponibilidad en el INTA y fijó una multa de $10 millones diarios para el Gobierno en caso de incumplimiento. La decisión del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín impactó de lleno sobre la medida impulsada por el Ministerio de Economía.
El fallo llegó después de que la administración de Javier Milei avanzara con la Resolución 1240, que dejaba en disponibilidad a 300 trabajadores del organismo. La medida iba en contra de una cautelar vigente y de la votación del Senado que había rechazado el DNU 462/25.
Multa millonaria y advertencia judicial
La sentencia estableció que, si el Gobierno no corrige la medida, deberá pagar $10 millones por cada día de demora. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, difundió la resolución en redes sociales y la celebró como un triunfo gremial.
“La Justicia obliga al Gobierno a cumplir la cautelar e impone multa de $10 millones diarios”, escribió Aguiar. Luego, lanzó críticas directas a la Casa Rosada: “¿En serio presidente Milei van a seguir insistiendo en desafiar a los otros poderes del Estado?”.
El sindicalista cuestionó la insistencia oficial con un tono irónico y aseguró que, pese a los fallos judiciales, la administración libertaria continúa forzando medidas de ajuste sobre organismos descentralizados.
Reacción sindical y mensaje político
Desde ATE señalaron que la resolución no solo significó una victoria laboral, sino también un mensaje político. “A pesar del sufrimiento que generan, me parece que después de tantos fallos judiciales, ya nos estamos acostumbrando a festejar”, expresó Aguiar.
La disputa por los pases a disponibilidad en el INTA expuso nuevamente la tensión entre el Poder Ejecutivo y la Justicia. Mientras el Gobierno de Javier Milei buscó sostener el ajuste administrativo, los tribunales ratificaron la vigencia de la cautelar y sumaron un costo económico inmediato para forzar un retroceso.
La decisión judicial dejó en claro que el incumplimiento tendrá consecuencias severas y abrió un nuevo capítulo en la relación entre el oficialismo y los gremios estatales. El caso del INTA se transformó en un símbolo de la resistencia a las medidas de recorte que impulsa la administración nacional.
