El Gobierno de Javier Milei sufrió una nueva derrota parlamentaria tras la aprobación en Diputados del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que busca aumentar las partidas presupuestarias destinadas a las universidades públicas. Con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, la iniciativa obtuvo media sanción y ahora deberá ser tratada por el Senado. En 2024, el Presidente ya había vetado una ley similar y, tras la votación, volvió a advertir que “el superávit fiscal no se negocia”.
La propuesta fue impulsada por el bloque radical Democracia para Siempre en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y recibió el respaldo de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y la UCR, entre otros sectores.
La universidad pública como inversión
Durante el debate, los discursos hicieron eje en el valor estratégico de la educación pública. Pablo Juliano, jefe del bloque autor del proyecto, defendió la iniciativa con una metáfora: “La universidad pública entreabre la puerta de las oportunidades. No es parte del problema, es parte de la solución”.
Desde la misma bancada, Danya Tavela apuntó directamente contra el Ejecutivo: “El primer responsable de que estemos discutiendo esto es el Gobierno, que por segundo año consecutivo no cumple con su deber de enviar un presupuesto”. Según la legisladora, esta omisión profundizó una crisis presupuestaria sin precedentes en el sistema universitario.
Críticas por prioridades y uso de fondos públicos
El diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) también cuestionó la distribución del gasto público. “No hay plata para la calidad universitaria, pero sí para trolls o pauta oficial financiada por empresas públicas”, afirmó.
Gabriela Brouwer de Koning (UCR) remarcó que “en la era del conocimiento, la universidad pública no es un gasto ni un privilegio, es una inversión”. Para ella, el ajuste presupuestario afecta directamente el desarrollo del país y debilita uno de los pilares de la movilidad social.
Actualización automática y paritarias
El texto aprobado propone una actualización automática por inflación para los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, los hospitales universitarios y las partidas destinadas a investigación. Además, establece la convocatoria a paritarias para discutir la recomposición salarial de docentes y no docentes.
La oposición logró alinear a distintos bloques frente a una política de recorte que, según argumentan, afecta el acceso a la educación superior. La discusión ahora pasa al Senado, donde el oficialismo tampoco tiene mayoría, lo que abre un nuevo escenario incierto para el Ejecutivo.
Mientras tanto, las universidades advierten que el deterioro presupuestario pone en riesgo su funcionamiento. Si el Senado aprueba la ley, Javier Milei podría volver a vetarla, como ya hizo este año, en línea con su compromiso de no flexibilizar el superávit fiscal.
