La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores presentaron una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, por supuesto espionaje político. Se trata de la tercera presentación judicial en pocos días por maniobras de inteligencia sobre opositores, sindicatos y jubilados que participan en movilizaciones públicas.
Las CTA acusan a la SIDE de vigilar protestas sociales
La denuncia se basa en una investigación periodística que mostró informes secretos elaborados por la SIDE. Esos documentos registraban fechas, recorridos y nombres de dirigentes ligados a marchas, actos culturales y protestas gremiales. “No existía ninguna amenaza a la seguridad nacional. Solo buscaban controlar a la oposición”, dijo Hugo «Cachorro» Godoy, de la CTA-A.
Los denunciantes explicaron que esta vigilancia viola la Ley 25.520, que prohíbe espiar a personas por su actividad política o sindical. Además, señalaron que se afectaron derechos constitucionales como la libertad de expresión, la privacidad y la participación política.
Kicillof y Manes ya presentaron denuncias
Antes de la denuncia de las CTA, el gobernador Axel Kicillof fue a la Justicia federal de La Plata porque supo que lo habían espiado. Pidió que se investigue si esos informes tenían respaldo judicial o si fueron hechos ilegales por el Estado nacional.
También el diputado Facundo Manes hizo una presentación judicial. Dijo que su denuncia se sumaba a otra causa que lleva contra el asesor presidencial Santiago Caputo, por amenazas en el Congreso. Manes mostró preocupación porque su nombre apareció en los informes secretos que difundió la prensa.
Las denuncias ya están en la Justicia federal. El objetivo es saber si hubo una orden legal para esos informes de inteligencia. Si no fue así, los denunciantes pidieron que se juzgue a los funcionarios involucrados, incluido el presidente Javier Milei, como máxima autoridad del sistema. Las centrales sindicales advirtieron que no permitirán que se repitan estas prácticas. “El espionaje político daña la democracia”, dijeron. La causa quedó en manos del juez federal Alejo Ramos Padilla.
