En medio de la tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores, avanzan en el Congreso dos proyectos de ley que podrían reconfigurar la distribución de recursos fiscales en 2025. Se trata de iniciativas para automatizar el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que hoy administra el Poder Ejecutivo con alto grado de discrecionalidad. De aprobarse, estas reformas implicarían una transferencia significativa de fondos hacia provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con impacto directo sobre las cuentas nacionales.
Un informe técnico del economista Nadín Argañaraz estima que los cambios generarían una pérdida de recursos para el Tesoro Nacional superior a $2 billones en el año 2025. La proyección toma como base datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales y de ARCA, con supuestos de recaudación constantes.
Automatización del reparto de ATN
Actualmente, los ATN son distribuidos discrecionalmente por el Ministerio del Interior. Pero el dictamen de mayoría propone aplicar el criterio de coparticipación en forma automática, mientras que el dictamen de minoría plantea repartir sólo los fondos no ejecutados al cierre del ejercicio fiscal.
Entre 2017 y 2024 (sin contar los años de pandemia), sólo se distribuyó el 25% de los fondos disponibles. Según Argañaraz, si se aplicara el nuevo sistema, las provincias y CABA recibirían en 2025 un extra de $370.188 millones (0,04% del PBI) bajo el dictamen de mayoría, o $277.641 millones (0,03% del PBI) si se aplica la versión de minoría.
El impacto del ICL: más del 100% de incremento para provincias
La propuesta más controvertida, sin embargo, es la que modifica la distribución del ICL. Actualmente, el 25% de esa recaudación se distribuye entre provincias y CABA. El dictamen de mayoría propone subir ese porcentaje al 58%, mientras que el de minoría lo eleva al 42%.
Con una recaudación proyectada de $4,8 billones para 2025, el proyecto más ambicioso redirigiría $1,58 billones adicionales hacia las jurisdicciones subnacionales (0,18% del PBI), y el más moderado $814.000 millones (0,1% del PBI). Todo esto implicaría una reducción equivalente de recursos para el Tesoro.
Cuánto ganaría cada provincia
La provincia de Buenos Aires sería la más beneficiada en términos absolutos. Con el dictamen de mayoría, pasaría a recibir $471.435 millones en concepto de ICL, frente a los $203.058 millones actuales. Le siguen Córdoba con $173.881 millones, Santa Fe con $170.484 millones y Mendoza con $113.036 millones.
En el caso de los ATN, Buenos Aires sumaría $78.522 millones adicionales si se aprueba el proyecto de mayoría. Córdoba obtendría $31.570 millones, Santa Fe $31.936 millones, Mendoza $14.991 millones y la Ciudad de Buenos Aires $8.820 millones.
Menos discrecionalidad, más previsibilidad
Ambos proyectos suponen un cambio estructural en la relación financiera entre Nación y provincias. Al reemplazar la discrecionalidad por fórmulas automáticas, las jurisdicciones ganarían previsibilidad en sus ingresos y autonomía para planificar gastos.
Sin embargo, desde el Gobierno advierten que una pérdida de ingresos superior a los $2 billones pone en jaque el equilibrio fiscal. Para el Ejecutivo, los ATN y el ICL son herramientas clave para administrar la política macroeconómica. El traspaso automático de fondos limitaría esa capacidad, en un contexto donde cada punto del déficit es negociado con el Fondo Monetario Internacional.
El debate legislativo recién comienza, pero el impacto fiscal ya genera ruido. Milei y su equipo económico enfrentan el dilema de sostener la motosierra sin perder el control de la caja.
