La causa que investiga los presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo obstáculo: la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que depende del Ministerio Público Fiscal, informó que el celular de Emmanuel Kovalivker, accionista de la droguería Suizo Argentina S.A., no podrá abrirse por el momento.
De acuerdo con el informe elevado al fiscal federal Franco Picardi, el impedimento es estrictamente tecnológico. “Desarrollar la herramienta que permita acceder al dispositivo podría demandar meses”, explicaron fuentes judiciales.
El teléfono imposible de abrir
El dispositivo en cuestión es un Samsung de última generación que Kovalivker entregó sin proporcionar la clave de acceso. Pese a los intentos, la DATIP no logró realizar la extracción forense de la información. Incluso se había solicitado un nuevo software para acelerar las tareas, pero tampoco fue suficiente.
En contraste, el primer aparato peritado fue el del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, considerado por los investigadores como un “teléfono caliente” porque se encontraba en funcionamiento al momento de su secuestro. De allí se logró extraer todo su contenido, aunque con indicios de “información borrada”, sin que exista tecnología disponible que determine con exactitud qué tipo de archivos fueron eliminados.
Ahora, el foco se trasladará al celular de Jonathan Kovalivker, hermano de Emmanuel, quien entregó un iPhone de difícil acceso y también sin brindar la contraseña.
El jefe de Seguridad en la mira
Paralelamente, en un expediente complementario al caso principal, los investigadores secuestraron dos celulares de Ariel De Vicentis, jefe de Seguridad de Nordelta. Según sospecha el juez Sebastián Casanello, De Vicentis habría alertado a los Kovalivker sobre los allanamientos, lo que habría permitido que intentaran ocultar pruebas.
Uno de los teléfonos de De Vicentis ya fue abierto y peritado, mientras que el magistrado ordenó además el secuestro de las cámaras de seguridad del barrio para reconstruir los movimientos de Jonathan Kovalivker, quien recién se presentó en Comodoro Py días después de los operativos.
Una estructura de corrupción bajo sospecha
La hipótesis de la fiscalía apunta a que existió una estructura de corrupción que vinculaba al organismo público con la droguería Suizo Argentina. Según la investigación, la empresa habría recibido favores comerciales en el suministro de medicamentos a cambio de pagos indebidos.
Todo comenzó con la filtración de los audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se hablaba de una “repartija” de contratos y del presunto rol de la droguería como intermediaria en el esquema de sobornos.
“Existe sospecha suficiente de la posible comisión de delitos emparentados a actos de corrupción”, remarcaron las fuentes judiciales. Mientras tanto, los peritos reconocen que la información contenida en los celulares podría ser clave. Sin embargo, advierten que, en el caso de Kovalivker, la tecnología disponible no es suficiente para abrir el dispositivo en el corto plazo.
