El Congreso formalizó este lunes el rechazo a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y a cuatro decretos delegados impulsados por el presidente Javier Milei. Las medidas habían sido aprobadas antes de que vencieran las facultades extraordinarias que el Parlamento le había otorgado al Poder Ejecutivo de manera temporal.
Las resoluciones llevan la firma del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel. De esta manera, tras la publicación en el Boletín Oficial, los decretos dejaron de tener validez legal. La decisión parlamentaria se alcanzó luego de que la oposición consiguiera los acuerdos necesarios, primero en Diputados y posteriormente en el Senado.
El rechazo marca un límite institucional a la estrategia de reformas rápidas impulsadas por el Gobierno a través de decretos. A partir de ahora, cualquier iniciativa similar deberá pasar necesariamente por el Congreso.
Los decretos alcanzados por el rechazo
Entre las medidas desactivadas se encuentra el DNU 340/2025, que había aprobado un nuevo Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional. En ese texto se declaraba a la navegación marítima como servicio esencial, lo que restringía el derecho a huelga de los trabajadores del sector.
También fue derogado el decreto 345/2025, que reorganizaba el área cultural. La norma había dispuesto la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano con el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Además, transformaba al Instituto Nacional del Teatro en una unidad dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia.
La oposición también bloqueó el decreto 461/2025, que establecía la disolución y reestructuración de la Dirección Nacional de Vialidad. En el mismo documento se incluían profundos cambios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).
Otro de los puntos sensibles fue la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). El Gobierno había argumentado que el organismo generaba trabas regulatorias innecesarias y afectaba la competitividad del sector. Sin embargo, el Congreso consideró que el decreto excedía las facultades delegadas y lo dio de baja.
En paralelo, se rechazó la reestructuración del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). El plan oficial lo colocaba bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, dependiente de la Jefatura de Gabinete. Finalmente, esa medida también quedó sin efecto.
El trasfondo político de la decisión
Las resoluciones aprobadas cierran un mes de fuertes tensiones legislativas. El debate comenzó el 6 de agosto en Diputados y continuó la semana pasada en el Senado, donde se trató un paquete acotado de decretos. La oposición logró unificar posiciones en torno a cuatro ejes: el derecho a huelga, la transformación del BNDG, la disolución de Vialidad Nacional y la eliminación de ARICCAME.
El rechazo no sorprendió al propio oficialismo. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había anticipado que el Gobierno no buscaría extender las facultades delegadas. “Siempre la idea fue no renovarlas, porque yo necesitaba que mi equipo estuviera muy consciente del tiempo que teníamos”, explicó ante la prensa.
De esa manera, el Poder Ejecutivo pierde herramientas clave para acelerar reformas estructurales sin pasar por el Congreso. En adelante, los cambios profundos deberán tramitarse por la vía legislativa tradicional, lo que abre un escenario de negociaciones más intensas con los distintos bloques opositores.
Con esta decisión, el Congreso envió una señal clara sobre los límites institucionales al uso de decretos. La pulseada política deja expuesto que las reformas que impulsa Milei deberán encontrar consensos parlamentarios para avanzar.
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