El kirchnerismo, el PRO, la UCR y diversos bloques provinciales lograron un acuerdo parlamentario y firmaron un dictamen conjunto para avanzar en la modificación del régimen legal que regula los decretos de necesidad y urgencia (DNU), la delegación legislativa y la promulgación parcial de leyes. La iniciativa apunta directamente al presidente Javier Milei, quien ha utilizado de manera intensiva estas herramientas para gobernar sin pasar por el Congreso.
La decisión de unificar criterios se selló el miércoles pasado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la senadora Alejandra Vigo, y las firmas se reunieron pocas horas después del encuentro. La propuesta, que será debatida en la próxima sesión de la Cámara de Diputados, busca recortar el margen de maniobra del oficialismo en un terreno donde Milei se siente más cómodo.
Entre las modificaciones más relevantes, establece que un decreto podrá quedar invalidado con el rechazo de una sola de las cámaras del Congreso, en lugar de requerir el rechazo de ambas como dispone la legislación vigente. El caso del DNU 70/23, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger en diciembre de 2023 y rechazado por el Senado en marzo de este año, pero aún sin tratamiento en Diputados, es uno de los antecedentes que motorizó este cambio.
El proyecto también contempla habilitar el tratamiento de los decretos durante los recesos parlamentarios, una limitación que hoy favorece al Ejecutivo. Esta reforma surge, además, tras la parálisis de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que desde marzo no logra dictaminar sobre ningún DNU, lo que ha permitido que decenas de normas queden en un limbo institucional. La iniciativa prevé que todo decreto deberá ser aprobado dentro de un plazo de 90 días corridos o se considerará automáticamente derogado.
Distintas posiciones en el Senado
Durante el debate en comisión, legisladores de distintos bloques coincidieron en la necesidad de frenar el uso discrecional de los DNUs. La senadora Juliana Di Tullio sostuvo que «es fundamental reglamentar el silencio legislativo para proteger al sistema democrático». En la misma línea, el senador Carlos Espínola, quien fue aliado del gobierno libertario, advirtió que «la utilización de los DNUs, tal como está la ley hoy, habilita un uso que va en contra del sistema democrático argentino. Empecemos a debatir leyes que den razonabilidad y equilibrio».
Desde el oficialismo, el senador Juan Carlos Pagotto defendió la posición del Gobierno y pidió «no modificar la Constitución», aunque admitió que «sí se puede reglamentar el ejercicio de cada herramienta».
