El reciente veto del presidente Javier Milei a la ley de aumento de las jubilaciones no es un hecho aislado en la historia argentina. Desde el regreso de la democracia, Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Cristina Kirchner y Mauricio Macri también utilizaron esta herramienta constitucional para frenar iniciativas previsionales aprobadas por el Congreso, convirtiendo esta práctica en una constante de la política argentina cuando se trata de temas relacionados con el sistema jubilatorio y su impacto en las finanzas públicas.
Según NA, a partir de un informe del sitio Chequeado, aunque los contextos políticos y económicos fueron diferentes en cada caso, y los proyectos vetados abordaban aspectos diversos del sistema previsional, el argumento central de los presidentes para justificar los vetos casi siempre fue el mismo: la inviabilidad fiscal y la falta de fondos para afrontar el gasto que representarían las medidas aprobadas por el Poder Legislativo.
El primero de estos antecedentes se registró durante la presidencia de Carlos Menem en 1996, cuando vetó una ley que incorporaba al régimen general a exempleados públicos que habían aceptado retiros voluntarios durante las reformas del Estado de los años noventa. El presidente justicialista alegó que el costo fiscal era insostenible, estableciendo un precedente que se repetiría en las décadas siguientes. Esta decisión se enmarcó en un contexto de reformas estructurales donde el control del gasto público era prioritario para la administración menemista.
Seis años después, en 2002, Eduardo Duhalde rechazó un proyecto que creaba un régimen especial para docentes transferidos desde la Nación a las provincias, argumentando que generaría una superposición de normativas que complicaría el sistema previsional. El veto de Duhalde se produjo en plena crisis económica, cuando el país atravesaba una de las peores recesiones de su historia y cualquier aumento del gasto público generaba preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal.
Los vetos de la era kirchnerista y macrista
Durante la presidencia de Cristina Kirchner, en 2010, se produjo uno de los vetos más polémicos cuando rechazó la ley que garantizaba el 82% móvil para el haber mínimo jubilatorio. La entonces presidenta sostuvo que su promulgación implicaría la «quiebra no sólo del Sistema Previsional Argentino sino del propio Estado», una argumentación particularmente llamativa considerando que su gobierno había implementado importantes aumentos en las jubilaciones y había estatizado el sistema de capitalización individual.
Por su parte, Mauricio Macri vetó parcialmente en 2016 una ley que otorgaba una jubilación especial a excombatientes de Malvinas, eliminando específicamente el artículo que garantizaba un haber no inferior a dos jubilaciones mínimas. El presidente de Cambiemos justificó su decisión argumentando que no quería «desnaturalizar el sistema contributivo«, manteniendo la estructura general de la ley pero modificando el aspecto que consideraba más problemático desde el punto de vista fiscal y sistémico.
Los vetos de Javier Milei a las jubilaciones
Finalmente, Javier Milei ha utilizado esta herramienta constitucional en dos oportunidades durante su gestión, en 2024 y 2025, vetando reformas que proponían complementar la movilidad por inflación con otros factores que habrían mejorado los haberes jubilatorios. En ambos casos, el presidente libertario argumentó que los proyectos no contemplaban el «impacto fiscal de la medida ni tampoco determinan la fuente de su financiamiento», manteniendo la línea argumental histórica, pero con un énfasis particular en la disciplina fiscal que caracteriza su administración.
