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POLÍTICA

Tras el escándalo de los audios, el Gobierno intervino la Agencia de Discapacidad y designó a un nuevo titular

El portavoz de presidencia, Manuel Adorni, anunció que Alejandro Alberto Vilches será el nuevo interventor del organismo.

ANDIS

El Gobierno Nacional oficializó la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) pocas horas después de la renuncia de Diego Spagnuolo, en el marco del escándalo por los audios que revelaban presuntos pedidos de coimas. La medida se anunció formalmente a través del vocero presidencial Manuel Adorni, quien detalló que el nuevo interventor del organismo será el doctor Alejandro Alberto Vilches, profesional especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada y actualmente al frente de la Secretaría de Gestión Sanitaria.

La designación se enmarca en la decisión del Ejecutivo de profundizar los controles sobre el organismo, con el objetivo de garantizar una administración más transparente y eficiente de las pensiones por invalidez, históricamente cuestionadas por su manejo político.

Vilches tendrá como primera tarea la realización de una auditoría exhaustiva de ANDIS, abarcando tanto la revisión de expedientes como el control de los criterios aplicados para la asignación y renovación de pensiones. Según explicaron desde la Presidencia, esta iniciativa forma parte de un plan integral del Gobierno para separar las decisiones de gestión de cualquier interés político y garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a quienes los requieren. El funcionario también deberá supervisar la implementación de mecanismos de revalidación de las pensiones, buscando prevenir irregularidades y fraudes que se habrían detectado en administraciones anteriores.

El mensaje de Manuel Adorni

En la comunicación oficial, Adorni subrayó que «las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan». En ese sentido, la intervención de ANDIS se entiende como un paso estratégico del Ejecutivo para fortalecer la transparencia y la eficiencia en la administración de recursos públicos, evitando que el beneficio sea utilizado como instrumento de favoritismo o clientelismo. La medida también se enmarca en la agenda del Gobierno de control y auditoría de organismos estatales, en línea con las políticas anunciadas recientemente en materia de gestión pública y fiscalización de gastos.

Además, se espera que la intervención permita actualizar los procedimientos internos del organismo, optimizar la digitalización de expedientes y mejorar la trazabilidad de los pagos de pensiones. Con estas acciones, el Gobierno busca establecer un estándar de gestión que asegure que cada asignación sea correcta, que los beneficiarios cumplan con los requisitos legales y que se reduzcan los riesgos de corrupción o malversación de fondos. La auditoría que encabezará Vilches será determinante para redefinir los criterios de control interno y establecer un marco operativo más seguro y confiable.