La legisladora electa del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Vanina Biasi realizó una conferencia de prensa, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, confirmará el rechazo al procesamiento que le impartió, meses atrás, el juez Daniel Rafecas por pronunciarse a favor del pueblo palestino.
“En momentos en que la ONU informa, a nivel mundial, que está ocurriendo una hambruna en la franja de Gaza, cuando se intensifican en la zona centro los bombardeos por parte del Estado de Israel para concretar el exterminio del pueblo palestino, es fundamental que defendamos el derecho a denunciar esta situación”, habían manifestado las abogadas de Biasi.
El encuentro
La reunión contó con la presencia de referentes del FIT, organizaciones antisionistas y figuras destacadas en derechos humanos, como Adolfo Pérez Esquivel. «Conferencia contra mi procesamiento, por la libertad de expresión, total solidaridad con el pueblo palestino. Palestina libre», redactó la referente política en sus redes sociales.
Por su parte, Pérez Esquivel rechazó el procesamiento del juez contra la legisladora electa: «Estamos aquí para expresar nuestra solidaridad a @vaninabiasi. No puede ser que el juez Rafecas la condene primero porque lo que esta diciendo es verdad, el gobierno de Israel es un gobierno genocida. Si no lo quiere creer, que recurra a la Corte Penal Internacional, que lo acusa a Netanyahu de genocida».
Por qué se procesa a Vanina Biasi
Todo comenzó cuando el fiscal Eduardo Taiano solicitó su indagatoria en septiembre de 2024 por “promover el odio contra la comunidad judía” a través de mensajes en redes sociales. En particular, lo hizo por comparaciones del sionismo o del Estado de Israel con el nazismo. “El sionismo, al igual que el nazismo en su momento, es el cáncer de la humanidad”, fue uno de los posteos que motivó su posterior imputación, a cargo del fiscal Carlos Stornelli.
En abril de este año, el juez federal Daniel Rafecas la procesó por violar la Ley Antidiscriminatoria (23.592), tras considerar sus dichos como antisemitas y ofensivos hacia la comunidad judía. Además, se le impuso un embargo de 10 millones de pesos.
“Las ocho publicaciones individualizadas en esta resolución no superan el análisis que permitiría considerarlas dentro del ámbito del legítimo ejercicio del derecho de la libertad de expresión”, consideró el magistrado. Además, mencionó que, por su rol como funcionaria, sus mensajes podrían realmente afectar a la colectividad judía.
