Una nueva advertencia le llega al Gobierno nacional de Javier Milei, en este caso de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU). La entidad resolvió que, en caso de que el presidente vete la Ley de Financiamiento Universitario recientemente aprobada por el Congreso, se llevará a cabo un paro nacional al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, según NA.
La decisión fue adoptada en un plenario de secretarios generales de los gremios adheridos a la central sindical, que además definieron trasladar la propuesta al Frente Sindical Universitario para sumar fuerzas y coordinar las medidas de acción.
En paralelo, la CONADU aprobó la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria, que se realizaría en coincidencia con la sesión parlamentaria en la que el Congreso debería tratar el eventual veto presidencial. La medida buscará ejercer presión directa sobre los legisladores para que rechacen la decisión del Ejecutivo.
El secretario general de CONADU, Carlos De Feo, afirmó que «hay un importante nivel de visibilización del conflicto universitario, y los legisladores saben que la población apoya mayoritariamente el reclamo universitario». El dirigente gremial insistió en que la tarea central será «consolidar, visibilizar y ampliar el respaldo» y destacó que «la próxima Marcha Federal tiene que presionar para que los diputados y senadores rechacen de forma definitiva el avance del Poder Ejecutivo sobre la voluntad popular que se expresa en el Congreso».
De Feo señaló además que el conflicto no se limita a una cuestión presupuestaria, sino que implica «poner un freno a la política de ajuste que pretende destruir la universidad pública en Argentina». En esa línea, adelantó que se sostendrán acciones locales y nacionales durante las semanas que transcurran entre un eventual veto y la convocatoria a la marcha, para mantener la visibilidad del reclamo.
La CONADU contra el Gobierno
La CONADU ya viene de cumplir un plan de lucha que incluyó paros de 48 horas semanales entre el 21 de agosto y el 2 de septiembre. Estas medidas se realizaron en demanda de mejoras salariales y en apoyo a la Ley de Financiamiento Universitario, que finalmente fue sancionada el 22 de agosto en el Congreso.
Con este nuevo anuncio, el gremio docente universitario refuerza su postura de enfrentamiento directo con el Gobierno nacional y busca articular un frente amplio con organizaciones políticas, sociales y sindicales para defender la continuidad del financiamiento de la universidad pública.
