La Justicia argentina profundizó la investigación por el brutal triple crimen de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, con un giro clave: Matías Agustín Ozorio, de 28 años, señalado como la mano derecha del jefe narco conocido como «Pequeño J», quedó con pedido de captura nacional e internacional bajo una circular roja de INTERPOL.
La orden fue solicitada por el fiscal Gastón Duplaá, quien tuvo a su cargo inicialmente la Fiscalía N.º 2 de La Matanza, y lo imputó como coautor del delito de «triple homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento, y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género».
Mientras tanto, la Justicia y las fuerzas de seguridad trabajan para identificar con precisión al líder de la organización criminal, conocido como «Pequeño J». Hasta ahora solo se manejan dos posibles nombres, Julio Valverde o Julio Montana. Según afirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en declaraciones a TN, se trataría de un joven de nacionalidad peruana de 23 años, que habría ordenado los asesinatos como mensaje interno a las líneas medias de la banda narcocriminal.
Cómo habría sido el triple crimen en Florencio Varela
De acuerdo a la reconstrucción judicial, Ozorio habría actuado junto con Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años, Miguel Ángel Villanueva Silva, de 25, Daniela Iara Ibarra, de 19, y Maximiliano Andrés Parra, de 18, todos ya detenidos. «Aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas contra las tres chicas con la intención de matarlas», describe el expediente. La notificación de INTERPOL a la que accedió el diario Clarín añade que los asesinos «aumentaron intencionalmente y de manera inhumana, el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios» a las víctimas para consumar los crímenes.
El mismo documento también consigna que los hombres que participaron utilizaron «su condición biológica dominante de género al ejercer violencia de género sobre las víctimas mujeres», lo que explica la inclusión de esa agravante en la calificación del delito. Para la fiscalía, no se trató de un ataque circunstancial sino de una ejecución con una finalidad clara: enviar un mensaje de disciplina y terror dentro de la organización criminal que opera con base en la Villa 1-11-14 y tiene ramificaciones en el sur del Conurbano.
